El expresidente de la entidad Francisco González.
Los fiscales del caso Villarejo-BBVA interrogaron ayer en la Audiencia Nacional al representante jurídico del banco, Adolfo Fraguas, durante más de cinco horas, que se suman a las casi cuatro que declaró la semana pasada. Pese a este intenso interrogatorio, el juez y los fiscales han decidido volver a citar en los próximos días (no se ha puesto fecha) a Fraguas, y es muy posible que el interrogatorio dure aún algún día más, según apuntan fuentes jurídicas.
En su declaración, Fraguas, apuntó ayer al exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, como responsable de contratar al excomisario José Manuel Villarejo, si bien dijo que dado su escalafón no pudo hacerlo al margen de la dirección anterior. También señaló al exdirector de riesgos y recuperaciones inmobiliarias y expresidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, cesado tras su imputación.
El expresidente de BBVA, Francisco González, también señaló la semana pasada a Corrochano como responsable de contratar a Villarejo.
Fraguas, como también lo hizo anteriormente González, señaló de forma tangencial al exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano. Aunque se puede desprender, que además de Cano, la contratación de Villarejo era conocida por el expresidente de la entidad, según informa Efe.
El representante legal del banco, imputado como persona jurídica por los pagos de la entidad a Villarejo por trabajos de espionaje, debe aún pasar por un nuevo interrogatorio de la Fiscalía y de los abogados de Garrigues y de Uría personados en nombre del banco.
Fuentes jurídicas aseguran que todavía quedan muchas dudas por resolver, aunque Fraguas está contestando a todas las cuestiones. Otra cosa es que la colaboración sea la que espera la Fiscalía, según apuntan las mismas fuentes jurídicas.
Fuentes de BBVA aseguraron ayer tras la declaración de su representante que “ha respondido extensamente a todas las preguntas planteadas por el juez y fiscales, una muestra más del compromiso de la entidad por colaborar con la Justicia”. Estas declaraciones se unen a las dirigidas el primer día de su interrogatorio, en las que reiteraron el compromiso de la entidad con la justicia, con la que aseguran haber colaborado de forma “proactiva” desde el inicio de la causa aportando documentación y el propio informe forensic elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC. El banco abrió las primeras investigaciones internas en mayo de 2018.
La larga comparecencia de ayer, se centró, como la semana pasada, en el sistema de cumplimiento normativo de BBVA, investigado por supuesto cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, y si cumplió con los preceptos internos.
Fraguas ha sido de los tres directivos que no se ha acogido al derecho a no declarar que le asiste como investigado, como sí han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa -cargos actuales y pasados de BBVA- con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación del banco con Villarejo continúa bajo secreto.
No se levantará este secreto hasta que no declaren todos los imputados, y además de finalizar el interrogatorio de Fraguas, queda pendiente citar a un exdirectivo del banco, José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico para España y Portugal de BBVA, y que hace dos semana cuando estaba citado por la Audiencia alegó que estaba de viaje.
El expresidente de BBVA optó por hablar para desvincularse del excomisario y defender la actuación de la entidad, más allá de alguna conducta individualizada fundamentalmente de Corrochano, que, de confirmarse, podría tener reproche penal.
La del BBVA es la novena pieza del caso Tándem sobre los negocios del excomisario y gira en torno a las contrataciones que habría realizado el banco desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad y que finalmente no tuvo éxito.
El juez García Castellón sospecha que “la cúpula” de BBVA consintió que se contratara a Villarejo para tareas de información y espionaje -habría intervenido unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios en vista del “beneficio personal y empresarial” que le podían reportar.
Por otra parte, el Juzgado de primera instancia número 40 de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el grupo Baraka contra el BBVA y Distrito Castellana Norte (DCN) por presunto incumplimiento de contrato en relación a los derechos de reversión de los terrenos de la ‘operación Chamartín’ y por el que reclama una indemnización de 713,8 millones de euros.
Fuente: Cinco Días