La investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vivido este jueves un extenso capítulo en la Audiencia Nacional. Los fiscales del caso han interrogado al representante de la entidad financiera, Adolfo Fraguas, responsable jurídico de BBVA España, que ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional en nombre del banco. La entidad está imputada como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Según han informado fuentes próximas a las pesquisas, los miembros del Ministerio Público comenzaron a lanzar sus preguntas pasadas las diez de la mañana, pararon a la una y media. Tras el almuerzo, continuaron a partir de las cuatro y cuarto de la tarde hasta pasadas las 18,30 horas.
Fuentes oficiales del BBVA hicieron una escueta declaración: «Tal y como ya hizo el pasado miércoles durante la primera parte de la declaración, el representante legal de BBVA ha respondido extensamente a todas las preguntas planteadas por juez y fiscales, una muestra más del compromiso de la entidad de colaborar con la Justicia».
Aunque el BBVA asegura que mantiene todo su comunicado de la pasada semana, a diferencia del 20 de noviembre pasado, no ha incluido ahora la frase de que Adolfo Fraguas «ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad». El largo interrogatorio demuestra que los fiscales tienen muchas dudas sobre los hechos aportados por el banco e incluidos en la investigación forensic.
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Los fiscales han proseguido así con una tarea que ya comenzaron la pasada semana, cuando Fraguas acudió por primera vez a la Audiencia Nacional para declarar durante más de cuatro horas en esta pieza separada del macrosumario de la Operación Tándem, que cerca los negocios del agente retirado de la Policía Nacional. «Fraguas, responsable de los servicios jurídicos de BBVA España, respondió a todas las preguntas planteadas por el juez y los fiscales. Y defendió que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad», subrayó entonces la entidad financiera, que tendrá que volver una tercera vez, según han precisado este jueves fuentes jurídicas.
Los investigadores sospechan que el banco contrató a Villarejo para espiar a líderes políticos y empresariales desde 2004, cuando la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del grupo bancario. Según las pesquisas, que aún se mantienen secretas, esa relación se prolongó durante 13 años, en las que el BBVA facturó al menos 11 millones de euros a las empresas del comisario jubilado, encarcelado desde 2017 por haber creado un «aparato paraestatal» para traficar con información confidencial, según las propias palabras del juez que instruye la causa, Manuel García-Castellón.
Fuente: El País