El robo de un bien escaso y fundamental para la vida como el agua es uno de los delitos ambientales que más frecuentemente se cometen en España. En el país más árido de Europa, el descontrol en la gestión de los recursos hídricos ha sido una constante.
Solo en cinco años, entre 2013 y 2017, la extracción ilegal de agua ha supuesto unos 77 millones de euros en daños al patrimonio hidráulico, según la investigación realizada por Greenpeace, que, ante la escasa información pública sobre este tema, se ha dedicado durante más de un año a solicitar y analizar datos de las distintas confederaciones hidrográficas.
La falta de información detallada solo ha permitido cuantificar daños económicos muy conservadores, afirma Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace: “Si tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros”.
Datos del Ministerio de Medio Ambiente, publicados en 2006, cuantificaban en torno a 510.000 los pozos abiertos ilegalmente, que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes; esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad.
El 44% de la masa de aguas subterráneas está en mal estado
Más de una década después, en 2017, “una filtración del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que el número de pozos ilegales podría ascender a más de un millón”, apunta Barea. Y lamenta la absoluta desidia que existe respecto al control de los pozos ilegales, a pesar de que “estamos jugando con algo imprescindible para la humanidad”.
Autorización
Aunque los acuíferos son bienes de dominio público, es necesario pedir autorización administrativa cuando el volumen total anual extraído supere los 7.000 metros cúbicos o cuando los acuíferos hayan sido declarados como sobreexplotados o en riesgo de estarlo. Esto no suele ocurrir. Lejos de estar protegida, el 44% de la masa de aguas subterráneas se encuentra en mal estado por contaminación o por sobreexplotación para regadíos y desarrollo urbanístico, señala Greenpeace.
Cristina Noguera, profesora de EAE Business School, considera que los pozos ilegales ponen en riesgo tanto la seguridad de las personas, por razones evidentes, como los recursos hídricos del país.
“Existe una ley de aguas que sanciona su apertura, pero la multa es muy baja, puede rondar los 5.000 euros. Además, la realidad es que hay una trampa en la ley. En muchas ocasiones, se inicia el expediente pero se deja la gestión inacabada y se empieza la obra. Después, si alguien denuncia y lo pone en conocimiento de las autoridades, se justifica diciendo que se está tramitando el permiso, de manera que así se evita la multa”, explica Noguera.
La extracción ilegal de agua se produce en toda España, pero las Tablas de Daimiel y Doñana, los humedales más importantes del país, y también de Europa, ambos Reserva de la Biosfera, representan la cara más conocida y emblemática de este preocupante problema medioambiental.
Felipe Fuentelsaz, coordinador de Agricultura de WWF España, apunta que desde los años noventa del siglo pasado, “los expertos vienen alertando de la grave y caótica situación de Doñana debido a que la extracción de agua supera la capacidad del acuífero. Hay datos contrastados desde entonces, pero no hemos sido capaces de frenar el incremento de superficie de regadío en la zona”.
Control
Desde hace más de una década, WWF vigila de manera constante la situación de los regadíos alrededor del parque de Doñana con inspecciones sobre el terreno y seguimiento de imágenes por satélite (teledetección) para controlar y denunciar el aumento de los terrenos dedicados a la agricultura. En las campañas 2015-2016 y 2016-2017 detectó 251,9 nuevas hectáreas de cultivos de regadío, la gran mayoría presuntamente ilegales.
Estos nuevos cultivos se suman a las 1.680 hectáreas aparecidas desde 2004, año en el que se puso fin, sobre el papel, al crecimiento descontrolado de la agricultura en este espacio natural Patrimonio de la Humanidad, que los técnicos de la Unesco han considerado incluir en la lista negra de patrimonio natural en peligro.
Denuncia de Bruselas
Medidas. Ante el reciente anuncio de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia europeo por no haber tomado medidas para proteger los acuíferos que alimentan el humedal de Doñana, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) estudia, entre otras actuaciones, la declaración de las masas de agua subterránea del entorno de Doñana “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo”. Esta declaración permitirá, según el Miteco, un mayor control de la gestión del agua subterránea. En 2018 se realizaron cerca de 1.000 inspecciones para detectar extracciones ilegales y se levantaron 328 actas de denuncia. La identificación de pozos ilegales en Doñana es una tarea compleja, reconoce el ministerio, ya que el terreno arenoso permite que puedan abrirse, explotarse y abandonarse una vez se secan, en apenas unos meses.
Consumo. Los principales supermercados europeos que se abastecen de frutos rojos de Huelva, agrupados en torno a la plataforma Iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI, por sus siglas en inglés), han pedido una agricultura legal y responsable en el entorno de Doñana, advierten desde WWF España.
Fuente: Cinco Días