La vía que pretende utilizar el ministerio para estos cambios en el sector eléctrico son las enmiendas a la ley de medidas urgentes contra la sequía. El PP tiene votos suficientes para introducirlas en el Senado. Pero la norma (y sus enmiendas) tendrá que pasar luego por el Congreso, donde los populares necesitan recabar apoyos de otros partidos. Fuentes del ministerio sostienen que ya han mantenido contactos con otros grupos y que se muestran receptivos. Sin embargo, fuentes socialistas han rechazado que se puedan aprobar medidas de calado del sistema eléctrico a través de una norma sobre la sequía y al margen de la ley de cambio climático y transición energética que se quiere cerrar esta legislatura.

Respecto a las nucleares, la idea del ministerio es que Enresa —que se financia con las tasas que pagan las eléctricas— solo se encargue de la gestión de los residuos. Por lo tanto, el coste del desmantelamiento lo asumirían los propietarios. El Tribunal de Cuentas alertó en un informe en 2015 de que las tasas que pagan las eléctricas no son suficientes para asumir el coste futuro de la clausura y la gestión de los residuos. Cifraba el déficit en 1.800 millones. El coste del cierre de todas las centrales está en 4.175 millones, según cálculos de Enresa.

El ministerio asegura que España es el único país que socializa los costes del cierre de las plantas. Y añade que lo ideal sería que este cambio —de salir adelante— también afectara a Garoña, que aún no ha empezado el proceso de desmantelamiento.

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El departamento de Álvaro Nadal también planea introducir un recorte del pago que se brinda a las empresas por el transporte y la distribución del gas y la electricidad. Un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estableció que las pequeñas distribuidoras, sobre todo catalanas, estaban bien retribuidas por este concepto. En consecuencia, no tenían derecho a pedir una compensación por estar discriminadas. Pero este informe concluyó que las que estaban excesivamente retribuidas eran las grandes compañías. Por eso se plantea esta medida.

Fuentes de Energía precisan que solo se trata de unos ajustes con un carácter más bien técnico. Para las eléctricas, ni siquiera hay todavía una cifra, explican. En los últimos dos días, las empresas energéticas han sufrido fuertes castigos en Bolsa debido a las especulaciones sobre a cuánto podría ascender este recorte. Fuentes del ministerio precisan, sin embargo, que el recorte solo rondará “unas decenas de millones”. Y añaden que los ajustes se introducen en la ley para poder adelantarse a la previsible sentencia del Supremo sobre las pequeñas distribuidoras.

Fuente: El País