La pugna entre el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, y el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, ha llegado a su punto más álgido. Hacienda ha enviado al Ayuntamiento, según adelanta EL PAÍS, una carta en la que explica que asumirá un control semanal de las cuentas públicas del Ayuntamiento. Este control se ejercerá directamente en comunicación con la interventora del gobierno municipal de Ahora Madrid. Según la carta, no se prevén contactos directos entre los técnicos ministeriales y el concejal de Economía del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato.

Debido a que el Ayuntamiento «no ha reconducido su senda de gasto, comprometiendo de forma reiterada el cumplimiento de la regla de gasto», Hacienda obliga al Ayuntamiento a informar a la Secretaría General de Hacienda, como «órgano en el que recae el ejercicio de la tutela financiera» con «periodicidad semanal».

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El ejecutivo de Ahora Madrid incumplió el techo de gasto fijado en la Ley de Estabilidad desde su primer año de gobierno, en 2015, en unos 17 millones de euros. El año siguiente, en 2016, el gobierno de Carmena sobrepasó ese tope en 234 millones, algo similar a lo que Hacienda calcula que el Consistorio gaste este año. Ante este incumplimiento reiterado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el ministerio ha aplicado las medidas coercitivas contempladas en los artículos 25 y 26 de la misma.

El Ayuntamiento contesta que está «analizando y estudiando las acciones posibles». Además, señala que «mantiene su compromiso con la ciudadanía madrileña y actuará con la responsabilidad institucional que ha demostrado». Contra esta resolución cabe interponer un recurso a través de la vía judicial en el plazo de dos meses.

A partir de este momento, según se desprende de la comunicación enviada al Ayuntamiento, será la interventora quien deberá estar en contacto periódico con los técnicos de Hacienda. La «tutela financiera» a la que se refiere el Ministerio se ejecuta «con el objetivo de tomar las decisiones que correspondan en el ejercicio de las competencias que la legislación le tiene atribuidas, con periodicidad semanal, a través del órgano de control interno, acerca de las medidas adoptadas o a adoptar por la corporación para reconducir su senda al límite legal» definido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Advertencia de Hacienda

Hacienda advirtió la semana pasada al Ayuntamiento de la capital de que tenía que corregir su plan económico y financiero para los años 2017 y 2018. En este documento, exigido por el Ministerio, el Consistorio tenía que explicar cómo pensaba corregir su política económica ajustándola a la Ley de Estabilidad. Esta normativa, que entró en vigor tras la firma del pacto fiscal europeo de 2012, pretende equilibrar el desembolso de las corporaciones locales al ritmo estimado de la economía española.

Ahora Madrid, coalición formada por Podemos, IU, Ganemos y Equo, entregó un documento financiero que en su opinión sí cumplía con los requerimientos de Hacienda. Pero el departamento de Montoro sostuvo que el cálculo partía de parámetros erróneos: es decir, que calculaba el techo de gasto de 2017 y 2018 en función de un año en el que ya se había incumplido la normativa en más de 230 millones.

Este diario avanzó que la alcaldesa había decidido apartar de las negociaciones con Hacienda al actual concejal de Economía y Hacienda. En la última reunión de la semana pasada con los técnicos del ministerio, la regidora acudió únicamente acompañada por la interventora municipal. Un hecho insólito puesto que el edil es quien en teoría dirige la política económica y financiera de la corporación. En conversación con EL PAÍS, miembros del equipo de Mato aseguraron que las relaciones con la alcaldesa son «perfectamente normales y fluidas». Por su parte, el PP ya ha anunciado que pedirá el cese del edil.

Por su parte, el edil socialista Antonio Miguel Carmona ha recordado que el PSOE «ya lo venía advirtiendo: cuando suspendes muchas veces la misma asignatura, te acaban echando de la carrera. La insolvencia técnica se paga, la responsabilidad política se asume».

Fuente: El País