El Ministerio de Hacienda ha presentado una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Gobierno de Cataluña destituido y los responsables de las asociaciones Ominium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), por supuesta malversación de fondos públicos por los gastos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

MÁS INFORMACIÓN

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha enviado una carta al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en el que reclama que se depuren responsabilidades por los gastos vinculados a la consulta financiados con dinero público. Solicita, además, que se identifique al Govern como responsable de los daños causados al erario público. Asimismo, pide que se le reclame las correspondientes indemnizaciones.

Fernández Moya exige también a la fiscalía que se adopten las medidas precisas para calcular el importe de los daños causados para el erario público por la organización de la consulta con los medios patrimoniales mobiliarios e inmobiliarios públicos existentes empleados para la celebración del referéndum.

El secretario de Estado recuerda que ya existe un procedimiento judicial en el Tribunal superior de Justicia de Cataluña abierto por malversación de caudales públicos. «Procedería reclamar del mismo tribunal las actuaciones practicadas para delimitar daños y las personas responsables y fijarse así el eventual importe de las indemnizaciones».

«Para determinar los presuntos responsables de estos daños», explica el secretario de Estado en la carta, «hay que partir necesariamente de la delimitación subjetiva de los posibles responsables contables que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos».

Fernández Moya no duda en señalar a los miembros del Govern como instigadores del referéndum ilegal y, por tanto, en haber permitido su financiación con fondos públicos. «Es evidente que la presunta responsabilidad contable de los miembros del Gobierno de la Generalitat se deriva de su participación directa en la articulación del entramado normativo y de actuación ejecutiva de dirección de todos los actos y procedimientos necesarios para hacer posible el referéndum del 1 de octubre».

Responsabilidad de las asociaciones

La denuncia de Hacienda también apunta a las asociaciones pro independentistas ANC y Omnium. El Departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro reclama a la fiscalía que determine la «eventual responsabilidsad que les corresponda». Y les pide a esta organizaciones que expliquen el origen del dinero público que reciben (vía subvenciones) y el destino empleado.

Del mismo modo se puede hablar de los responsables de las organizaciones de carácter asociativo denominadas “Ominium Cultural” y “Asamblea Nacional Catalana”, que puede implicar el empleo de fondos públicos de los cuales se nutren sus presupuestos para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales en la organización y promoción del denominado referéndum del 1 de octubre.

Hacienda pone énfasis en el papel de estas dos asociaciones en el escrito ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas. «El papel de estas organizaciones en la participación en la promoción y organización del referéndum parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación», justifica Hacienda. Y apostilla: «Debe destacarse también el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado referéndum del día 1 de octubre por parte de las organizaciones de carácter asociativo denominadas “Ominium Cultural” y “Asamblea Nacional Catalana”, que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutre sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales»

Fuente: El País