El sector de proveedores de automoción considera «clave» que la solicitud de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en base al criterio de causa por fuerza mayor se pueda fundamentar de forma clara y uniforme en todas las Comunidades Autónomas y bajo el mismo criterio.

Por ello, a través de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), solicita al Gobierno que los ERTEs por causa de fuerza mayor sean aceptados en vista al cierre que han sufrido sus clientes finales -las plantas de producción de vehículos-, tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

El sector de proveedores de automoción engloba en España a más de un millar de empresas y en 2018 37.170 millones de euros, empleando de forma directa a 230.000 personas e indirecta a 142.800 personas.

Si un solo proveedor, independientemente de su tamaño, no provee en tiempo y forma a una planta de fabricación de vehículos, paraliza también al resto de proveedores que suministran a esa misma factoría. Por ello, desde Sernauto reclaman que, con el fin de preservar la unidad de mercado, se cuente con un criterio único a la hora de interpretar el Real Decreto 463/2020, así como para agilizar la tramitación de los expedientes, reduciendo la carga administrativa que conllevan dada la excepcionalidad de la situación.

«La no aprobación de los ERTES por causa de fuerza mayor puede provocar una gran pérdida tanto económica como de empleo en las empresas de automoción, un sector que es fundamental para la economía y la sociedad españolas. Representa el 10% del PIB y el 9% de la población activa, con un elevado efecto multiplicador y conun claro carácter tractor, exportador, innovador e integrador», advierten desde la asociación

Sernauto y los clústeres de automoción de varias Comunidades Autónomas, en línea con lo manifestado por CEOE y Cepyme, los sindicatos UGT y CC OO y otras asociaciones del sector, defienden que los ERTEs por causa de fuerza mayor deben ser aceptados y agilizados de forma urgente, reduciendo la carga administrativa al máximo para proporcionar seguridad jurídica al sector.

Fuente: Cinco Días