Según Gerardo Martínez Tristán, vocal coordinador de estos juzgados especializados y representante del CGPJ en la Comisión de Control y Evaluación de las Cláusulas Suelo, en los últimos meses «ha disminuido el ritmo de presentación de demandas. Este año subirá con fuerza el número de resoluciones, porque ya está afinada la maquinaria judicial de los juzgados especializados».
Sin embargo, Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante de Abogacía en la Comisión de Control, cree que «si nadie lo remedia, seguirán entrando nuevas demandas en los juzgados; no creo que nuestro país pueda aceptar que las más de 650.000 solicitudes de clientes que no han alcanzado un acuerdo con sus bancos se conviertan en 650.000 nuevos pleitos. La Justicia no lo podría soportar y la banca española no lo debería provocar». Pascual califica de «innecesario» este proceso extrajudicial organizado por el Gobierno, que puede convertirse en un fracaso por no evitar el bloqueo judicial, y considera el mecanismo legal como «un sistema de privilegiados para la banca en materia de costas judiciales», según declaró a Abogacía Española.
Sin embargo, desde la Asociación Española de Banca (AEB), rebaten la opinión de Pascual. «Como la propia sentencia del Tribunal de la UE afirma expresamente, las cláusulas suelo no han sido declaradas nulas en sí mismas, sino únicamente en determinados casos. Prueba de lo anterior es que existen diversas sentencias de Tribunal Supremo de fecha posterior, declarando válidas determinadas cláusulas suelo. No puede procederse con los automatismos que se sugiere: es lógico que se realice un análisis individualizado de cada cláusula, de cada reclamación, para determinar si procede o no la devolución de los importes cobrados», asegura un portavoz.
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Martínez Tristán, que también es magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, apunta que todavía es pronto para decir si habrá atasco o no en los juzgados. «En noviembre y diciembre han bajado en 13.000 las demandas sobre las presentadas en los dos meses anteriores. Los próximos meses los juzgados funcionarán a pleno rendimiento, acelerando las resoluciones, cuyas tramitaciones se han reducido a solo tres meses. Veremos cómo reaccionan los clientes que no han llegado a acuerdos con los bancos. Todavía es pronto», dice.
Para este magistrado, otro factor clave para el futuro judicial es «si llegan más sentencias del Tribunal de Luxemburgo sobre otros aspectos de las hipotecas, como los gastos, que están a falta de la posición del Tribunal Supremo, los vencimientos anticipados, los préstamos multidivisas… que son aspectos sobre los que se pueden abrir litigiosidad en cualquier momento», recuerda.
Sin embargo, Fernando Zunzunegui, abogado especializado en derecho bancario, coincide con Pascual en que van a llegar «unas 400.000 demandas a los juzgados. Lo normal es que los que han sido rechazados por los bancos pasen al juzgado». Este experto recuerda que se ha formado «toda una industria de despachos de abogados que atienden estos casos con un esquema de bajos costes, publicidad masiva y gran presencia en los medios de comunicación para llegar al gran público. Esto es un fenómeno que puede elevar la movilización de los clientes».
Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE que ha protagonizado diferentes iniciativas parlamentarias sobre esta materia, critica que el número de demandas siga creciendo «desorbitadamente». Heredia cree que el problema existe «porque la mayoría de las entidades se están negando a devolver estas cláusulas. Siguen ganando los bancos y perdiendo la gente. Es intolerable».
La polémica de quién juzga estos préstamos
La administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, estableció 54 juzgados especializados en cláusulas suelo, uno por provincia, para evitar el bloqueo del resto de procedimientos. El sistema ha recibido críticas de la Consejo General de la Abogacía y de la oposición. El Grupo Socialista ha registrado proposiciones no de Ley para que sean los juzgados ordinarios los competentes, «ante la saturación de los juzgados específicos».
Fuente: El País