Ayer se conoció uno de los datos más esperados en el sector eléctrico: el de los megavatios renovables adjudicados en las dos grandes subastas celebradas en los meses de mayo y julio de 2017 que lograron cumplir el plazo para su construcción y registro fijado en los rquisitos de las subastas, el 31 de diciembre de 2019. Incumplir dicho plazo implicaba perder los avales aportados para participar en el proceso (60.000 euros MW) y el precio suelo que se garantizaba a los inversores adjudicatarios.

 Según los datos facilitados ayer por Red Eléctrica de España (REE), el año pasado se instalaron en España 6.456 MW de capacidad renovable frente a los 330 MW instalados en 2018 (de esta capacidad, 194 MW correspondieron a los proyectos del plan eólico canario), lo que supuso un indiscutible récord histórico en un año.

Del total de potencia verde registrada, 5.689 MW correspondieron a los megavatios de las dos subastas realizadas por el Gobierno del PP en 2017, mientras que el resto, 767 MW, fueron de proyectos libres a mercado. Por tecnología, destaca el alto grado de cumplimiento de la fotovoltaica frente al pinchazo de la eólica.

En la subasta de mayo de ese año, cuyas condiciones impidieron que la energía fotovoltaica pudiese competir (fue una única subasta para dos tcnologías distintas), se adjudicaron 3.000 MW eólicos. Ya en la de julio, de los 5.037 MW en liza, la fotovoltaica resultó ganadora, con 3.909 MW frente a los 1.128 MW que se llevó la eólica.

De los datos de REE se desprende que, a 31 de diciembre, se habían materializado proyectos solares con una potencia de 3.975 MW, de los cuales, 3.728 MW correspondieron a los adjudicados en la posterior subasta de julio. Por tanto, solo han fallado 181 MW.

Peor parada ha salido la eólica. Así, de los 2.319 MW que se instalaron el añopasado, 1.976 MW fueron proyectos construidos al amparo de las dos subastas citadas, por lo que han quedado fuera de combate 2.150 MW de los adjudicados entonces (incuidos los solares).

Pérdida de avales

La primera consecuencia del incumplimiento es la pérdida de los avales para los inversores que no han llegado a la meta, hasta 140 millones de euros que se quedará Hacienda. Se trata de un importe máximo ya que la pérdida del aval estaba ligada al incumplimiento de varios hitos en el tiempo, como las autorizaciones administrativas o la localización de terrenos. Por tanto, solo ha perdido todo el aval el inversor que no haya cumplido ninguno de los hitos fijados.

Las principales adjudicatarias de los megavatios eólicos en la primera subasta fueron la aragonesa Forestalia (1.200 MW); Naturgy (600 MW); Endesa (540 MW); Gamesa (200 MW) y Norvento (128 MW). En la julio, Alfanar (Capital Energy), con 720 MW y otros cuatro paquetes menores.

En Endesa confirman que han cumplido “de sobra” el plazo, mientras que Naturgy no ha llegado por el retraso en el último momento en la puesta en marcha de proyecto “por razones meteorológicas”. Forestalia, compañía que pisó muy fuerte en las subastas, no solo en 2017 sino en la primera, celebrada en 2016, en la que logró 500 MW, ha dejado por el camino un a buena parte de la potencia adjudicada. De hecho, solo ha construido unos 650 MW (inlcuidos 50 MW de biomasa). Las empresas pueden, nos obstante, seguir adelante con sus proyectos, venderlos al margen de las subastas o acudir a las que se celebren en el futuro.

El Ministerio para la Transición Ecológica dejó en el cajón un proyecto normativo para regular futuras subastas con un mecanismo distinto al aprobado por el Gobierno de Rajoy. Según la propuesta, ya no se subastará la inversión (la adjudicación no se hará a quien construya las plantas con la menor inversión posible), sino el precio de genración (a quien produzca al mejor precio). Una reivindicación de las empresas del sector con la que no todo el mundo parece está de acuerdo.

Dos son las razones que explicarían el avance la solar frente a la eólica: además de requerir mayores inversiones, estas instalaciones tienen limitadas sus ubicaciones a zonas de viento, frente a la primera que tiene más fácil su instalación.

La gran adjudicataria de capacidad fotovoltaica fue ACS (a través de Cobra), que logró 1.550 MW en la subasta de julio. De estos, solo 300 MW eran propios y el resto de una cartera de proyectos de pequeños inversores a los que aportó los avales y que después fue adquiriendo hasta hacerse con todo el paquete.

La compañía que preside Florentino Pérez no ha tardado ni un suspiro en revender unas instalaciones ya registradas (900 MW) junto con otros proyectos en cartera en España (otros 2.100 MW) a Galp. Una operación por 2.200 millones que le reportará un beneficio de 330 millones, en la que han participado varios grupos chinos. Fuentes empresariales apuntan al fuerte malestar de uno de ellos, Shangai Energy, con el que ACS negoció hasta el último minuto y se daba por ganador.

Un gran reto para REE

El nuevo desarrollo de las renovables, que no ha hecho más que empezar, será un gran reto para el operador del sistema eléctrico y transportista, REE, por la tarea que supone integrar tecnologías inestables, que requieren un respaldo. Según una nota remitida ayer por la compañía, esta ha impulsado la integración del mix de renovables con medidas operativas y actuaciones en más de 30 subestaciones.

El incremento de la potencia instalada en un 5,6% en 2019 ha supuesto un récord histórico (con un total de 110.000 MW) se ha debido al incremento de las renovables en un 13%. Esto ha favorecido, según REE, que la producción verde en españa haya alcanzado los 97.826 GWh, un 37,5% del total.

Todo ello facilitará el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de energía y Clima (PNIEC), que prevé reducir las emisiones de C02 un 23% en 2030. Precisamente, este es el objetivo mejorado que figura en el borrador del plan que ha actualizado el Ministerio para la Transición Ecológica.

Hace un año, el departamento que dirige Teresa Ribera envió su proyecto a Bruselas, que le dio sus bendiciones, lo que dio idea de los ambiciosos objetivos de España. Tras un proceso de audiencia pública, el ministerio revisó el texto, que ha vuelto a someter a una última consulta.

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Fuente: Cinco Días