El objetivo de que las multinacionales europeas declaren los impuestos que pagan en cada uno de los países comunitarios se ha quedado en papel mojado. El Consejo de la UE, organismo que representa a los Estados miembros y que tiene competencias legislativas, ha rechazado el jueves que los grandes grupos desglosen en qué países generan sus beneficios y pagan sus impuestos. La propuesta había sido presentada por la Comisión en 2016 y había sido objeto de tres largos años de negociación. Finalmente, el plan ha sido tumbado por 12 Estados miembros, encabezados por Luxemburgo. Países como Chipre, Irlanda o Malta, que cuentan con una imposición fiscal más laxa, también se han opuesto a la medida, frente a grandes economías como Francia, Italia o España. 

La Comisión Europea calcula que la elusión fiscal de las grandes multinacionales tiene un impacto negativo en la recaudación de la UE de entre 50.000 y 70.000 millones al año. Por eso, y tras el escándalo de la filtración de los Papeles de Panamá en 2016, presentó una propuesta de directiva en la que planteaba que las multinacionales europeas con facturación superior a los 750 millones de euros anuales hicieran público en qué países generan sus beneficios y declaran los correspondientes impuestos, unas reglas que también valdrían para las corporaciones extranjeras que tienen grandes filiales en Europa. Además, el Ejecutivo de la UE planteaba que estos grupos revelaran también el resto de tributos abonados fuera del territorio comunitario de manera agregada.

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«Es un ultraje que los Estados miembros hayan puesto una vez más los intereses de las grandes empresas por encima de los ciudadanos», ha dicho Elena Gaita, portavoz de la ONG Transparency International UE, que ha tachado la decisión del Consejo de «profundamente decepcionante». «En toda la UE vemos que los ciudadanos no están contentos con multinacionales como Starbucks y Amazon, que ocultan los impuestos que pagan en los países donde operan. Los Gobiernos nacionales simplemente han negado a las personas el acceso a esta información».

Para lograr un consenso, se introdujo la salvedad que las empresas que probaran que sus intereses comerciales se verían perjudicados por la divulgación de su información fiscal pudiesen retrasar su publicación. Aun así, el consejo de ministros de Competitividad donde se debatió la propuesta no llegó a un acuerdo. Se necesitaban 16 votos a favor, pero solo países dieron su sí 14. Estados como Luxemburgo, Malta, Chipre e Irlanda, cuya imposición fiscal sobre sociedades es inferior a la de otras grandes economías europeas votaron en contra. Letonia, Eslovenia, Estonia, Austria, República Checa, Hungría, Croacia, Irlanda y Suecia se sumaron a la negativa. El Reino Unido no votó y la abstención de Alemania hizo que la balanza se moviera hacia el rechazo de la propuesta. 

Los países que tumbaron el plan de la Comisión alegaron que la base legal de esta norma es tributaria y no de competitividad, lo que implicaría un proceso de aprobación por unanimidad y no por mayoría cualificada. Es decir, el veto de tan solo un Estado bloquearía la medida. Añadieron además que deberían de ser los ministros de Finanzas quienes se encarguen del asunto, y no los responsables de Industria y Empleo presentes en la reunión del jueves, que además ya se está debatiendo en el seno de la OCDE.

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que vela por la justicia fiscal, ha señalado en un comunicado que los Estados que han votado en contra de la propuesta de la Comisión están «poniendo los intereses de las multinacionales por encima de los de los ciudadanos europeos» y ha señalado que el voto por unanimidad que se exige para modificar las normas fiscales debe modificarse. El economista francés Thomas Piketty, que forma parte de la plataforma, ha añadido que esta regla «dificulta el progreso»: «Si algunos países no quieren cambiar el sistema, en algún momento creo que los que están dispuestos a seguir adelante deberían cambiarlo sin los demás. Mientras tanto, puede implicar sanciones o medidas apropiadas con respecto a aquellos que no desean cooperar e intentar beneficiarse de la opacidad financiera».

Fuente: El País