Las operaciones inmobiliarias realizadas por la excúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la costa del Caribe podrían culminar con 13 personas en el banquillo de los acusados.
Así lo ha propuesto la juez instructora del caso, Carmen Lamela, tras culminar la investigación sobre las presuntas operaciones irregulares de la antigua caja alicantina con la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en México y República Dominicana.
La juez de la Audiencia Nacional propone enviar al banquillo de los acusados a 13 personas, incluyendo al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldo y a José Francisco Climent.
Lamela aprecia indicios de delitos de apropiación indebida y/o administración desleal para todos ellos y de delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios fiscales entre los años 2008 a 2013 para los empresarios.
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Las partes tienen ahora 10 días para solicitar la apertura formal de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, que llegó a ser archivada parcialmente. Valfensal SL, empresa participada al 30% por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y al 70% por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, figura como posible responsable civil solidaria.
La CAM, definida tras su rescate como “lo peor de lo peor”, por parte del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acabó saneada con fondos públicos y vendida a Banco Sabadell por un euro simbólico.
Las pesquisas están basadas en investigaciones policiales así como en un informe pericial de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que señala una “serie de irregularidades comunes” en las operaciones inmobiliarias de la CAM en el Caribe.
Entre las deficiencias detectadas se encuentra la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP (filial inmobiliaria de CAM), la tasación de los terrenos, los estudios de mercado o el análisis jurídico de las operaciones de compra de hoteles y parcelas.
Graves deficiencias
“Fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal”, recoge el auto que remarca que las propuestas eran aprobadas en el mismo día en que eran tramitadas, o en la jornada siguiente, por la Comisión de Riesgos.
Lamela sospecha que López Abad y Daniel Gil, director general de Empresas, “consintieron que ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”.
Conforme expresa el informe emitido por Deloitte SL en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, la juez considera que “es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y e TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.
“Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los Miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros”, apunta e auto.
28 millones de impacto
La juez recuerda que el 22 de julio de 2011, tras la intervención de la CAM, el Banco de España sustituyó a los miembros de los órganos de administración de la caja y designó al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) como administrador provisional.
El Fondo de Garantía de Depósitos acabó asumiendo las pérdidas de la entidad al hacerse cargo de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de la TIP supusieron una inyección directa de 1.011 millones de euros y ha ocasionado perjuicios por 28 millones de euros al fondo de garantía, según el auto.
La excúpula de la CAM ya fue condenada a penas de hasta cuatro años de prisión por la Audiencia Nacional, que apreció delitos de falsedad contable y en la información ofrecida a inversores, por el falseamiento de las cuentas de la entidad. Su presidente, Modesto Crespo, que declaró que durante la toma de decisiones él se iba «con las señoras a comprar bolsos», fue absuelto. Los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós fueron condenados a tres años de cárcel por el delito societario continuado de falsedad contable.
Fuente: Cinco Días