La excúpula de Caja Segovia se enfrenta a penas de cárcel de cuatro a ocho años, además de la obligación de restituir las cantidades percibidas en concepto de prejubilaciones, tras la apertura del juicio oral decretada por la magistrada del Juzgado número 2 de Segovia.

Así lo ha manifestado hoy en declaraciones a los medios el abogado de IU, Alberto López, quien además ha indicado que el objetivo de sentar en el banquillo a los responsables es esclarecer si se manipularon las condiciones para cobrar prejubilaciones por un valor de 17 millones de euros.

También se analizará si la extinta Caja Segovia (integrada en lo que hoy es Bankia) se encontraba en condiciones para hacer frente a estos pagos millonarios porque, en su opinión, la entidad se encontraba en una situación «desastrosa» y los planes de prejubilación no prevén «premiar la mala gestión».

Los acusados, el entonces presidente de la entidad, Atilano Soto; el vicepresidente primero, Manuel Agudíez; la vicepresidenta segunda, Elena García; el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapias; y el director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, tendrán que abonar una fianza conjunta de 24,4 millones de euros en un plazo de cinco días.

Según el auto proporcionado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León esta fianza servirá «para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles», y determina que de no aportar las cantidades correspondientes se les embargarán bienes hasta la suma indicada.

Por otra parte, decreta la apertura del juicio oral contra la compañía de seguros Caser como responsable de la póliza de responsabilidad civil que cubría las actuaciones de los consejeros y equipo directivo.

También se sentarán en el banquillo otros cinco cargos de la entidad, Miguel Angel Sánchez, Oscar Varas, Juan Magaña, Malaquias del Pozo y José Antonio Folgado, como responsables civiles a título lucrativo, que solo se enfrentan a la restitución de los importes percibidos y que tienen que aportar fianzas de entre 360.000 euros y y 3,9 millones.

La Fundación Caja Segovia es la acusación particular de este caso, mientras que IU y la Confederación Intersindical de Cajas se mantienen como acusación popular.

La Fiscalía decidió no presentarse y pidió el sobreseimiento del caso, una postura que López ha calificado de «sorprendente» y aunque, a su juicio, su deber es «defender la legalidad e instar el cumplimiento del Estado de Derecho» no ve probable que cambie de opinión.

El coordinador de IU en Castilla y León, José Sarrión, ha puesto de manifiesto que estas prejubilaciones son «a todas luces irregulares», ya que el conjunto total era superior a los beneficios de la Caja.

Por último, ha señalado que los juzgados esclarecerán los hechos más de lo que lo hará la comisión de investigación de las Cajas de Ahorros en la que PP y PSOE «han pactado que casi ninguno de los imputados en este se sentará en dicha comisión».

El portavoz de IU en Segovia, Angel Galindo, ha explicado que es «hoy es un día importante» y «un paso más para que se conozca la verdad, se haga justicia y los acusados devuelvan lo robado» tras una instrucción que se ha prolongado durante siete años desde que se presentó la denuncia inicial.

Fuente: Cinco Días