El Gobierno no quiere prorrogar el plazo de explotación de las autopistas de próximo vencimiento, en contra de lo que demandan concesionarias como Abertis e Itínere, que proponen mejoras a cambio de periodo concesional. Pero tampoco está por la labor de tomar decisiones que afectan al bolsillo de los españoles sin el respaldo de la oposición, como sería la relicitación. En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lanzó ayer una oferta de diálogo a PSOE y Ciudadanos durante su intervención en el foro Líderes de Efe. Le escuchaban los portavoces de ambas formaciones en la comisión de Fomento en el Congreso, César Ramos y Fernando Navarro, respectivamente.
El pacto no es sencillo, pero urge una decisión. Este mismo año vence el plazo de explotación de la AP1 entre Burgos y Armiñán, autopista bajo gestión de Itínere que lleva 36 años con barreras; en 2019 lo hace Aumar (tramo valenciano de la AP-7 y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla), activo de Abertis, y en 2021 llega el fin de plazo para Acesa (479 kilómetros en dos tramos catalanes de la AP-7 y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo), también del grupo catalán. “Sería deseable tener un acuerdo político sobre las autopistas que revierten”, reclamó De la Serna.
La presión popular es máxima para que Fomento recupere la gestión de esas carreteras, tras décadas de pago por uso, y las abra al tráfico gratuito. Pero la tentación de hacer caja con nuevas concesiones pesa demasiado, trasladando además al sector privado el coste de conservación.
En esta materia Fomento no cuenta con Podemos, que defiende la gestión pública y el cobro de peajes blandos para cubrir el mantenimiento de toda la red. Para el resto de la oposición también es momento de abrir el debate sobre la Euroviñeta, extremo que tiene al Gobierno y a los transportistas alineados en contra.
La AP-1 de Itínere vence en noviembre de este año y a Abertis se le acaba el plazo de Aumar y Acesa entre 2019 y 2021
Mientras se da vueltas a esta nueva patata caliente en manos de Fomento, se espera un próximo anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo despegar el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC). De la Serna antició ayer que proyectos por 2.000 millones, de los 5.000 millones previstos en concesiones, saldrán a licitación este año. La totalidad del programa “debería salir a concurso entre 2018 y 2019”. El plan reunirá una veintena de carreteras incluidas en la red transeuropea y con acceso a la financiación del Plan Junker.
Las nuevas licitaciones se sumarán a la A30 de Murcia y a la A7, a la altura de Castellón, actuaciones valoradas ya en 675 millones. La explotación privada se realizará bajo la modalidad de pago por disponibilidad o peaje en sombra, y se espera la creación de 190.000 empleos con el impulso del PIC, así como el retorno de 3.000 millones por la vía fiscal.
Rescate de las radiales
De la Serna cree que ya no hay margen para negociar compensaciones con los fondos titulares de la deuda de las autopistas quebradas
Otro hito para este año en las carreteras será el de la reversión de las nueve autopistas quebradas por falta de tráfico y sobrecostes en expropiaciones, entre ellas las radiales de Madrid. Un asunto sobre el que el responsable de Fomento insistió en que las compensaciones a los acreedores, en virtud de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la reversión anticipada de las concesiones, “se irán conociendo conforme se vayan liquidando las concesiones, pero si hay recursos, las cantidades las determinará un juez”.
De la Serna cree que ya no hay margen para negociar con los fondos titulares de la deuda de estas autopistas: “Durante el tiempo de contactos con los fondos estuvimos muy alejados en las valoraciones. Tendrían que hacer una oferta extremadamente atractiva, respecto a nuestras estimaciones de RPA, para que la considere el Gobierno”.
En estimaciones preliminares enviadas a Bruselas, el Ejecutivo prevé un impacto en déficit de 2.000 millones por el pago de la citada RPA, suma que se mitigaría parcialmente este mismo año con la relicitación de las concesiones, en dos paquetes, por una cifra global que oscilará entre los 700 y los 1.000 millones.
Más allá del asunto del futuro de los peajes, el llamamiento al diálogo en materia de carreteras se extendió a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la firma de un pacto sobre infraestructuras.
El ministro confirma que se comprarán trenes por 1.500 millones entre 2018 y 2019
Fomento trasladó el mensaje de que la obra pública está acompañando al despegue económico del país. En este sentido, 2018 será un ejercicio de crecimiento en la construcción tras los hitos de 2017: la licitación de inversión el año pasado subió un 23%, superando los 4.000 millones, y las adjudicaciones alcanzaron los 2.688 millones, con un alza del 57%.
Renovación de trenes
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Otra de las cifras destacadas por De la Serna fue la de los 1.500 millones previstos para la compra de trenes de pasajeros, principalmente en Cercanías y Regional, para este y el próximo ejercicio. El programa de inversiones debería presentarse a finales de este primer trimestre, para lo que el ministerio prepara los pliegos. Ya en alta velocidad se espera la entrada en servicio de siete tramos, cuatro de ellos del Corredor Mediterráneo. Tras la apertura del segmento entre Valencia y Castellón vendrán el tramo Tarragona-Vandellós; el acceso a Murcia; el que unirá Antequera y Granada; el tramo Venta de Baños-Burgos; el Zamora-Pedralba del AVE a Galicia, y la conexión Chamartín-Atocha en Madrid. Algunos de estos segmentos del AVE se encuentran ya en pruebas.
Respecto a Aena, el gestor aeroportuario avanza en la elaboración de los planes inmobiliarios para desarrollar 350 hectáreas de suelo en torno a Barcelona–El Prat y otras 950 hectáreas en el área del aeropuerto de Madrid-Barajas: “Queremos que nos acompañen y asesoren en este proyectos los mejores expertos en promoción inmobiliaria para desarrollar un plan que se ejecutará a medio y largo plazo”, sentenció el ministro.
Fuente: Cinco Días