La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos representantes de los empleados públicos (CSIF, UGT y CC OO) alcanzaron en la medianoche del jueves un principio de acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. A falta de cerrar algunos flecos, el punto más importante del pacto consiste en una subida salarial de más del 8% hasta 2020 siempre que la economía mantenga el ritmo de crecimiento de los últimos años, según confirman varias fuentes conocedoras de la negociación. De hecho, si se computan los fondos adicionales habilitados para elevar la masa salarial, la subida llegaría a cerca del 8,5%.
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Desde los sindicatos explican que una parte de esta mejora retributiva dependerá del comportamiento de la economía, porque se incluye un complemento variable ligado al PIB. El acuerdo salarial ha sido uno de los asuntos más espinosos de una negociación que se ha prolongado durante meses. La nueva propuesta de Hacienda consiste en un incremento fijo de las nóminas de hasta un 6,1% durante los tres próximos años, según confirman fuentes de la negociación. De esta forma, los empleados públicos tendrían garantizado un alza de un 1,75% este año; un 2,25% en 2019, y otra subida del 2% más en 2020.
A estas cantidades fijas habría que sumar el complemento variable, que dependerá del comportamiento de la economía. Si el PIB mantiene el vigor de los tres últimos años, los sueldos podrán subir alrededor de otro 2% en el periodo. Fuentes sindicales explican que la cuota variable sería del 0,25% en 2019 y del 1% en 2020. Además, si al final de ese año las administraciones públicas han reducido el déficit, la retribución de los empleados públicos subirá otro 0,55% adicional. Esta parte variable podría incluso mejorar unas décimas a falta de los últimos detalles que se cerrarán este viernes en una reunión convocada por Hacienda a primera hora de la mañana. Está previsto que, una vez que este viernes se cierre el acuerdo, se escenifique la firma de un documento esta misma tarde en un acto en el que participaría el ministro Cristóbal Montoro.
Durante la negociación, los sindicatos han arrancado al Gobierno la aportación de “unos fondos adicionales” para que, previa negociación colectiva, pueda aumentar su masa salarial elevando la retribución de determinados colectivos específicos de sus plantillas. Es decir, un ayuntamiento podrá acordar subir a sus policías locales, a los barrenderos, introducir un complemento para las funcionarias con hijos o mejorar a un colectivo de empleados públicos con necesidades especiales. Estos fondos adicionales permitirán subidas de la masa salarial del 0,2% en 2018; del 0,25% en 2019 y del 0,3% en 2020. En total, si estas cantidades se sumaran a las mejoras anteriores, el sueldo de los funcionarios podría subir hasta un 8,5% en tres años.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, opina que la parte salarial no es la más satisfactoria del acuerdo. “Nos habría gustado un mayor aumento”, sentencia.
Para UGT se han producido avances “muy significativos” en materia salarial. Así, la organización que lidera Pepe Álvarez ha afirmado que la Administración ha mejorado la oferta de septiembre y ha señalado que espera que en la reunión de este viernes se maticen los últimos detalles y se cierre un acuerdo plurianual para los funcionarios, según recoge Europa Press. Fuentes del sindicato admiten el principio de un acuerdo que, remarcan, permitirá recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. UGT y CC OO cifran en un 14% la pérdida desde 2010, cuando comenzaron los recortes.
Otra de las patas del acuerdo tiene que ver con el aumento de la oferta de empleo público. Habrá oferta de empleo público en todos los sectores. El preacuerdo mejora de forma “sustancial” la tasa de reposición —la sustitución de las bajas— y permite aumentos de empleo público neto. La tasa de reposición será del 75% para sectores no prioritarios y del 100% para los sectores esenciales como sanidad y educación. Además, podrá ascender al 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El responsable de CSIF recuerda que este es el primer año en casi una década en el que no se perderá empleo público y se podrá recuperar algo las plantillas.
El tercer eje del acuerdo consiste en que los empleados públicos podrán cobrar todo su salario desde el primer día en que causen baja por enfermedad temporal. Es decir, se eliminan los descuentos por baja médica. El decreto de recortes de 2012 establecía que a los empleados públicos que causaban baja por enfermedad se les reducía el sueldo un 50% los tres primeros días. A partir del cuarto día cobrarían un 25% menos. Y así hasta el día 21 de enfermedad. Con la recuperación económica, las administraciones han ido ampliando el catálogo de enfermedades para las que no se aplicaba esta reducción. Con el acuerdo se pretende suprimir definitivamente este recorte.
“Carpetazo a los recortes de la crisis”, según CSIF
El sindicato de funcionarios CSIF confirmó este jueves el principio de acuerdo entre Hacienda y los sindicatos representativos de la función pública. El sindicato explica que gracias al pacto los empleados públicos podrán modificar su jornada laboral para favorecer la conciliación familiar, con más horas de libre disposición. Se trata de uno de los caballos de batalla de Miguel Borra, presidente de CSIF, durante la negociación.
El sindicato explica que los empleados públicos podrán disponer de una “bolsa de horas de libre disposición acumulables” para favorecer la conciliación y permitir el cuidado y atención de los hijos, mayores y discapacitados. Borra precisa que las administraciones públicas podrán habilitar una bolsa de horas recuperables, equivalentes hasta un 5% de la jornada anual, para estas actividades.
CSIF se atribuye esta mejora que supone que en una jornada laboral anual de 1.642 horas al año, los funcionarios puedan disponer de unas 82 horas, el equivalente a 11 días, para la conciliación laboral. El acuerdo permitirá establecer un sistema específico de jornada continua para trabajadores con hijos menores de 12 años o discapacitados.
Otro de los grandes logros del pacto consiste en la posibilidad de recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales. El presidente de CSIF cuenta como han conseguido eliminar el límite mínimo de las 37,5 horas y se abre a la negociación colectiva. A partir de ahora, explica, se permitirá a las comunidades que negocien la posibilidad de establecer la jornada de 35 horas (18 horas lectivas en la Educación) en aquellos ámbitos donde se acuerde entre sindicatos y Administración.
Fuente: El País