El exvicepresidente de Banco Popular, Roberto Higuera, ha cerrado filas, como era de esperar, con el que fuera presidente del banco, Ángel Ron, al comparecer  en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional. Higuera, ex vicepresidente de la entidad, ha defendido las cuentas publicadas por Popular correspondientes a 2016, y que fueron reexpresadas meses más tarde por el equipo encabezado por Emilio Saracho, quien sustituyó a Ron el 20 de febrero de 2017.

El directivo, que trabajó 41 años en Banco Popular y fue presidente de la comisión de auditoría con Ron, explicó a preguntas del juez y del fiscal, que la ampliación de capital llevada a cabo en junio de 2016 por 2.505 millones de euros, fue «suficiente». Tanto que los responsables del Banco Central Europeo (BCE) del área de supervisión bancaria les comentó en abril, semanas antes de llevarse a cabo esta inyección de capital, que «superaba» las exigencias, según explican fuentes jurídicas. El banquero aseguró que se reunieron con el BCE y con el Banco de  España, para explicarles su proyecto de ampliar capital, y que en ambos casos, tras exponer las cifras que barajaban, les «felicitaron» por el esfuerzo. 

Según la declaración de HIguera, el BCE les reclamó unas provisiones de 3.800 millones de euros, mientras que el banco decidió aumentarlas a 4.500 millones con esta ampliación. 

Sobre la reexpresión  de las cuentas que llevó a cabo ya Emilio Saracho en abril de 2017, Higuera explicó que le sorprendió. Esta reexpresión hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas del año anterior, tal como informó el Popular al mercado el 3 de abril de 2017 en un hecho relevante en el que explicaba que la corrección causaría un impacto de unos 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre. Dos meses después el banco era declarado inviable por el BCE y se vendía a Santander por un euro.

Higuera ha declarado en una pieza separada del juicio sobre el colapso del banco, la que investiga la ampliación de capital por importe de 2.505 millones de euros que acometió la entidad un año antes de su resolución, antes también de la citada reexpresión de cuentas. Higuera ha insistido en que las cuentas de Popular no sólo ofrecían su imagen fiel, como muestra que superasen las auditorías sin salvedades, sino que además reflejaban las provisiones suficientes. Saracho explicó en su declaración de la semana pasada que Popular «no necesitaba 2.500 millones de euros, necesitaba 8.000 millones».

Higuera también explicó que la ampliación de capital contaba con la aprobación y asesoramiento del despacho Linklaters, en el que era socio del consejo mundial Sebastián Albella, actual presidente de la CNMV.

El ex vicepresidente ha criticado la reexpresión acometida por Saracho, entre otros motivos, porque le extrañó que lo comunicara al auditor externo de PwC y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un hecho consumado, sin haber consultado antes a los consejeros.

Higuera calificó de falso que el banco hubiera dado instrucciones a la red para que vendiera acciones a clientes con financiación para la compra de títulos, como sugirió la semana pasada durante su declaración como investigado Saracho, ya que, aunque no es algo que prohíba la ley, sí que lo hacía de forma expresa la política del banco.

Al respecto, aseveró que eran los bancos colocadores (UBS principalmente) aquellos que garantizaban el 97% de la operación, mientras que Allianz respondía sobre el 3% restante, y ha añadido que el atractivo de la ampliación era tal que hubo una «sobredemanda» de acciones del 133%.

También insistió en que él confianza tanto en Popular que tenía invertido un millón de euros, que perdió, 

El exbanquero también negó que las tasaciones de los inmuebles que realizó el banco estuvieran infladas. Declaró que el banco realizaba en todo momento lo que le pedía el BCE, y en este caso la entidad utilizó las normas contables internacionales que les reclamaba el supervisor europeo. Aunque reconoció que el Banco de España era más exigente, y les recomendaba que subieran las provisiones por las tasaciones, pero insistió ante el juez en que eran recomendaciones, y ellos siguieron las obligaciones que les exigía el BCE. 

Añadió que, de hecho, el banco llevaba vendiendo inmuebles a una media de 2.000 millones de euros al año, con plusvalías del 2% al 3%. Y explicó que esta fórmula permitía recuperar más dinero que vendiendo los inmuebles por lotes como más tarde hizo Santander, tras comprar Popular, ya que su venta a fondos hace necesarios grandes recortes sobre el precio de mercado.

También aseguró, ante el juez, el fiscal y alrededor de unos 30 abogados, que se enteró de la salida de Pedro Larena, consejero delegado entre septiembre de 2016 al 3 de abril de 2017 (el mismo día que se comunicó la reexpresión de las cuentas) por la prensa. Fue ese día cuando se lo comunicó el propio Larena.

Sobre la liquidez de Popular, problema que finalizó con la vida del banco ante la fuga masiva de depósitos en las últimas semanas de mayo primera de junio de 2017, Higuera aseguró que entre enero de 2016 a diciembre de ese año el ratio era del 180%, «más del doble» que lo que exigía el supervisor. Cuando fue resuelto el banco el 6 de junio de 2017 su ratio de liquidez era del 80%.

El testimonio de Higuera se mantiene en la línea de lo expresado durante la junta extraordinaria de accionistas del banco en la que se produjo el relevo en la presidencia, el 20 de febrero de 2017, cuando defendió a un Ron que, dijo entonces, «buscó el mejor interés del Popular. Ha defendido su independencia y ha prestado a la entidad mucha dedicación, y con mucha honestidad».

El que fuera vicepresidente de la entidad ha inaugurado las declaraciones en esta primera pieza, abierta hace justo dos años respecto a Ron y su consejo de administración, y que trata de esclarecer en qué situación llegaba el Popular a su última ampliación de capital.

Aunque su interrogatorio estaba inicialmente previsto que continuara este miércoles, el titular de juzgado central de Instrucción número 4 lo ha dado por concluido una vez que Higuera ha respondido a sus preguntas y a las de la Fiscalía Anticorrupción.

El siguiente en comparecer será el ex consejero delegado del banco Francisco Gómez, al que señaló Saracho por haber dado instrucciones expresas a los directores de las oficinas para colocar la ampliación entre sus clientes.

Fuente: Cinco Días