Ocho meses después de que el Gobierno acordase su creación, el grupo de 14 expertos “independientes y de reconocido prestigio” al que se encomendó en julio la elaboración de un informe que sirviese de base para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha puesto fin a su trabajo. Este lunes, sus integrantes lograron un amplio consenso al respaldar por 11 votos a favor y tres abstenciones (las de los representantes de CC OO, ERC, y Podemos), un trabajo que se ha realizado sin medios económicos ni técnicos por parte del Ministerio de Energía.
El grupo está compuesto por cuatro miembros designados por el Gobierno; uno por cada grupo parlamentario y tres a propuesta de los agentes sociales: CC OO, UGT y CEOE. Pese a las dificultades para pactar una versión común de un vasto trabajo, el consenso ha sido tan alto “que obligará al Gobierno a tomarlo en consideración a la hora de elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, señalan fuentes cercanas al grupo. Esta norma se perfila como la más importante de las que se tramite en la actual legislatura.
El informe base plantea distintos escenarios de futuro y un análisis detallado en el caso de la energía nuclear. Hace, asimismo, propuestas de mejora de las señales de precios, entre ellas, una fiscalidad energética y unos peajes de acceso más eficientes y plantea mejoras del funcionamiento del mercado eléctrico y una movilidad sostenible. Otros apartados hacen referencia a los consumidores (rehabilitación de edificios o el papel de la industria en el transición energética), a las redes eléctricas y a una transicion justa, en referencia a la pobreza energética.
En los próximos días, se presentarán votos particulares y a lo largo de la próxima semana, el informe se entregará al Ministerio de Energía. Queda por ver, qué parte de su contenido del informe hace suyo.
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En julio, el Gobierno designó como sus representantes en la Comisión de Expertos a Jorge Sanz, exdirector general de Energía (quien la ha presidido); Ignacio Grangel, presidente del operador del mercado, Omie; Miguel Duvison, director de Operaciones de REE y Francisco Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear.
Por su parte, los partidos políticos nombraron a Diego Rodríguez (por el Partido Popular); Luis Atienza (PSOE); Pedro Linares (Ciudadanos); Cristóbal José Gallego (Podemos); Óscar Lapastora (Foro Asturias); Txetu Sáenz de Ormijana (PNV); Josep Salast (ERC); José Luis de la Fuente O’Connor (UGT); Jorge Aragón (CCOO) y Guillermo Ulacia (CEOE).
En paralelo, el Gobierno constituyó una comisión interministerial, con la participación de los distintos ministerios afectados, como el de Energía y Medio Ambiente, para elaborar un borrador de la ley que luchará contra el cambio climático y la transición hacia una economía libre de emisiones.
Un alud de informes paralelos
La creación de una comisión encargada de debatir y elaborar las bases de la futura Ley de Cambio Climático fue inicialmente una idea del PSOE. El principal partido de la oposición no planteaba un grupo de cuotas, pero el Gobierno, que lo creó mediante un real decreto, optó por ofrecer un representante a cada grupo parlamentario y se asignó cuatro (o cinco, si se tiene en cuenta el del PP).
El informe de este grupo de expertos ha dado pie a multitud de réplicas. Así, una avalancha de informes ha salido a luz en las últimas semanas: desde consultoras (Deloitte o KPMG), a partidos o asociaciones (FAES, Greenpeace o Fundación de Renovables) han entrado en el debate.
Fuente: Cinco Días