El auditor Francisco Celma, socio de Deloitte, ha declarado por tercera sesión consecutiva frente al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional (San Fernando de Henares), que juzga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, y ha insistido en que no pudo emitir un borrador de opinión de auditoría dado que la entidad no le proporcionó documentación necesaria sobre los estados financieros en marzo de 2012. 

El interrogatorio se está extendiendo ya que, hasta ahora, Celma es el único encausado que está respondiendo a preguntas de todas las partes. “No me facilitaron la documentación para hacer mi trabajo y por ello no entrego borrador de opinión”, ha explicado.

Igualmente, el auditor, a quien las acusaciones populares y personales atribuyen un presunto delito de falsedad contable, ha dicho que nunca fue convocado a los comités de auditoría de Bankia ni de la matriz, BFA, a pesar de que se lo pidió en reiteradas ocasiones. “Yo he hablado por teléfono pero siempre de cuestiones personales. Ahora todos dicen que me veían, que se encontraban conmigo en cada esquina y que les decía que todo iba bien, pero había reuniones del comité de Bankia y no me convocaban. El comité de auditoría es el órgano colegiado para tratar con el auditor y yo siempre les pedía que me convocasen, pero nunca me han convocado”, ha expresado.

Sin embargo, Carlos Aguilar, el letrado que defiende a Ángel Acebes, expresidente del comité de auditoría de BFA-Bankia, ha acorralado al auditor provocando que incurriera en contradicciones respecto a su declaración durante la fase de instrucición. Así, Celma ha asegurado que se puso a disposición del comité de auditoría del grupo BFA-Bankia, facilitando su correo y su teléfono, pero que Acebes no le proporcionó sus datos. Posteriormente, el letrado leyó la declaración del auditor en 2013 en la que aseguraba que hubo un intercambio de tarjetas. “Si dije eso, me equivoqué. No los tengo [los datos] y no los he tenido nunca”, respondió.

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Más adelante, en una sesión de interrogatorio que duró cerca de siete horas, se contradijo de nuevo al asegurar que nunca había formulado un borrador de informe de auditoría para Bankia ni BFA, pero el letrado defensor de la exconsejera Araceli Mora, José Luis Zambade, le recordó que en su declaración de 2013 sí mencionó haber preparado un borrador. Celma, incansable en sus respuestas aludió a un “error” y a los efectos del cansancio derivados de “cinco horas y media” de comparecencia ante el tribunal.

Del mismo modo, Celma ha revelado que durante los meses previos a la formulación de cuentas se reunió con el Banco de España, una práctica poco “común”, para tratar la situación debido a las dudas acerca de la solvencia que ofrecía la entidad. “Mantener reuniones con el consejero delegado de un banco es muy común [en relación a los encuentros con Francisco Verdú]. Normalmente puede haber una o dos reuniones durante el año. Compartir la información con el Banco de España no es tan común. Se hizo porque recibí una llamada del supervisor y querían saber cuál era la situación. Estaba obligado a ello”,

El socio auditor de Deloitte es el último de las 31 personas físicas que figuraban en las acusaciones populares y particulares que faltaba por declarar. Tras Celma, será el turno de las tres personas jurídicas acusadas: Bankia, su matriz BFA y Deloitte, y posteriormente declararán los testigos.

Inicio con suspense

La tercera sesión del interrogatorio al socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, comenzó con suspense. Antes de que Celma iniciara su declaración, las defensas de los 31 encausados que no figuran en la acusación del Ministerio Fiscal han solicitado al tribunal del Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que la Fiscalía no pueda preguntar a todos los enjuiciados (solo acusa a cuatro de ellos: Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) y «está haciendo cuestiones que pueden incriminar al resto».

Tras tomarse un tiempo para deliberar, el tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, finalmente ha concluido que el Ministerio Fiscal podrá seguir preguntando a los acusados y no impugna las preguntas ya realizadas, pero ha añadido que “este tribunal velará porque la Fiscalía se ciña a su escrito de acusación”.

Precisamente, Carmen Launa, la fiscal encargada del caso, ha recordado que ya en el escrito de acusación el Ministerio Fiscal se reservó la posibilidad de ampliar el delito de falsedad contable tras recibir un informe pericial que no había tenido en cuenta en el periodo de instrucción. 

Fuente: Cinco Días