Cellnex ha comunicado su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus filiales españolas Tradia y Retevisión, dedicadas a la gestión de la red de televisión terrestre. El proceso, justificado en causas organizativas, podría afectar a cerca de 200 personas, en torno al 20% de la plantilla conjunta de ambas divisiones, según publica este viernes Cinco Días citando fuentes sindicales.
De momento, la empresa no ha comunicado las condiciones del citado expediente, si bien la intención es replicar el ajuste realizado entre los años 2012 y 2014, que se realizó en términos de voluntariedad afectando también a cerca de 200 trabajadores.
En este caso, el objetivo de Cellnex, filial de Abertis, es que el ERE se cierre por la vía de la voluntariedad de las bajas y las posibles prejubilaciones. En este sentido, en la actualidad, Retevisión y Tradia suman cerca de 150 trabajadores con una edad de 57 años o más.
Este movimiento se encuadra en el proceso de reorganización de la actividad en el negocio vinculado a la radiodifusión de señales, puesto en marcha por las filiales de Cellnex. En definitiva, la empresa busca adaptar su estructura a los nuevos modelos de negocio. Este ámbito se ha modernizado ampliamente en los últimos años con la introducción de equipos que pueden recibir un mantenimiento por la vía remota, sin tener que acudir a los centros en los que están instalados, según la versión de la compañía.
Así, la compañía busca un rejuvenecimiento de la plantilla, acompañado de un cambio en los perfiles profesionales para la gestión de estas nuevas tecnologías. En otros países en los que Cellnex ha entrado en los últimos años en su expansión en el negocio de la gestión de emplazamientos de telefonía móvil, el grupo ha establecido estructuras corporativas livianas, recurriendo a la externalización en distintos servicios de mantenimiento de la infraestructura.
Ambas partes se verán las caras en los próximos días para tratar el ERE, cuyo periodo de negociación se extenderá por un plazo de un mes.
Fuente: El País