El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido este viernes al Gobierno «menos políticas regulatorias y que no impacten en el individuo» y le recordó las legislaciones que se hicieron en años pasados a favor del sector eléctrico perjudicando a los ciudadanos, «que han tenido que hacer frente a un déficit de tarifa que aún hoy se eleva a 25.000 millones de euros». Además de este recado, para Brufau también es ineludible «alzar la voz para defender la industria española que representa generación de valor, modernidad y tecnología». «Solo si tiene peso en el producto interior conseguiremos ser competitivos en el entorno internacional», ha comentado. A su entender, esos son dos de los ejes en los que se deben centrar los objetivos energéticos junto con el compromiso ineludible de reducción de emisiones y la seguridad de suministro conciliando la demanda de energía.

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En un discurso altamente comprometido en la lucha contra el cambio climático, Brufau ha enfatizado ante la junta general de accionistas que el grupo «va a formar parte activa de la solución de la reducción del CO2; seremos un actor privilegiado. Nuestro compromiso es colaborar a suministrar toda la energía que la sociedad demande». En ese sentido, ha defendido la persistencia del petróleo y el gas como complementarios de otras energías verdes. «Tienen que contribuir a reducir los gases de efecto invernadero, el gas se coloca como la mejor opción de potencia firme para combatir la intermitencia del sistema ante el incremento de las renovables», ha añadido. Y eso supone sustituir el carbón no competitivo por energías renovables, algo que no debe hacerse a cargo del ciudadano, ha insistido el ejecutivo de Mollerusa que ha aprovechado para descalificar el informe de los expertos sobre Transición Energética en cuanto plantea subir impuestos a los combustibles. Según su entender supone «una justicia regresiva».

A juicio del presidente de la petrolera, España dispone de instrumentos suficientes para cumplir las premisas para la transición energética como son una ruta eficiente en coste, la neutralidad tecnológica (es decir, elegir el mejor momento para cada alternativa), contar con el capital privado para impulsar la I+D+i en tecnologías no competitivas y hacer un uso del dinero público adecuado aplicado en la adopción de las tecnologías maduras. En ese sentido, ha sentenciado que «el dinero público vaya al público» y destacó que la eficiencia energética se debe reflejar en la reducción de emisiones en el uso de los motores de combustión y que existe un elevado potencial de ahorro con medidas de eficiencia en los hogares.

También apostó Brufau por el cambio de movilidad de las ciudades, dando paso a la generación distribuida (es decir, que cada uno se solucione sus necesidades energéticas) y, sobre todo, al coche eléctrico, por el que Repsol ya ha iniciado su andadura. Según Brufau, el vehículo eléctrico es una gran oportunidad; pero su competitividad no llegará antes de 2025. «Todavía existen dudas sobre su desarrollo y plantea problemas de geopolítica como la disponibilidad de metales que se van a utilizar en su tecnología como el cobalto, las emisiones de CO2 generadas en la fabricación de las baterías y la reutilización o reciclaje de esas baterías», ha resaltado. En todo caso, ha subrayado que «su desarrollo debe estar siempre asociado a la penetración renovable en el mix eléctrico».

Sobre este asunto, Brufau ha puesto en entredicho las subvenciones ya que el coste asociado a la subvención que recibe un coche eléctrico permitiría renovar 7,5 coches actuales de combustión. A su juicio, una subvención mal gestionada va a producir una transferencia de rentas de las clases menos favorecidas a las más favorecidas. «Busquemos el equilibrio para que sea lo más eficiente posible», ha afirmado. Además de esa reflexión, se ha preguntado por qué el ciudadano tiene que pagar la investigación de las compañías en I+D+i. Y ha respondido que la inversión tiene recaer en las empresas y no en los ciudadanos a través de los impuestos.

Subida del precio del petróleo

No ha pasado por alto el presidente de Repsol la actual situación de los precios del crudo, que se han disparado por la tensión geopolítica tras la decisión de EE UU de romper el acuerdo con Irán. Según ha comentado, los aumentos por ese motivo no son buenos para las empresas productoras, que quieren precios estables. «Yo prefiero que sea por las reglas del mercado», ha subrayado Brufau. El año pasado el precio del crudo tuvo una media de 54 dólares por barril y el primer trimestre de este año se ha elevado a 66,8, precio que ahora amenaza con subir a más de 70 sobradamente por esas tensiones. En todo caso, ese aumento se debe a que ha habido más demanda que oferta tanto el año pasado como en este.

La junta de accionistas ha aprobado, por otra parte, un aumento del dividendo hasta 0,9 euros por acción mediante la fórmula de scrip dividend y una reducción de capital mediante amortización de acciones propia. El grupo obtuvo el año pasado un beneficio de 2.121 millones de euros, el más alto de los últimos seis años. Según Josu Jon Imaz, consejero delegado del grupo, la compañía ha superado con antelación los objetivos de su plan estratégico.

Fuente: El País