La Airef ha analizado las cuentas de las 21 grandes ciudades españolas y ha advertido de que dos de ellas, Madrid y Palma de Mallorca, tienen un gran riesgo de incumplir los objetivos de estabilidad que tienen fijados. Es más, su previsión es que lo incumplan. Una, Madrid, está sujeta teóricamente a un plan de estabilidad bianual (2017 y 2018) que aprobó a finales del año pasado; la otra Palma está inmersa en un plan de ajuste.

Para la Autoridad Fiscal, no son las únicas ciudades con riesgo de incumplimiento. También lo tienen Barcelona, Bilbao y Valencia, aunque en este caso la posibilidad de no llegar a los objetivos de estabilidad normativos son menores. A pesar de esto, fuentes de la Airef señalan que su previsión de incumplimiento o los riesgos de que suceda no contemplan que estas entidades incurran en déficit, sino que el problema es que no alcancen el superávit marcado como objetivo.

De hecho, la Airef contempla que los ingresos de las 21 ciudades más grandes de España, de forma acumulada, superen a los gastos en 2.179 millones, 300 millones más que el año pasado. Y en ese superávit, Madrid aporta más del 50% de lo previsto (1.212 millones).

Este análisis de las 21 grandes ciudades hecho por la Airef forma parte del examen global hecho a las cuentas de todas las administraciones locales para este año. Según los números de la entidad que dirige José Luis Escrivá,  el conjunto agregado de esta pata del estado cumplirá casi con total probabilidad su objetivo presupuestario de tener un superávit del 0,6%, algo más de 7.000 millones de euros.

No solo eso, fuentes de la Airef hablan incluso de «sobrecumplimiento», algo que viene sucediendo desde 2013 tanto si se toma como referencia los objetivos de estabilidad como la regla de gasto, excepto en 2015 en este último concepto.

Desde la propia Autoridad Fiscal se señala que esta es una foto global que no destaca que hay entidades muy saneadas y otras con «claros problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo» porque tener ratios de deuda que superan el 200% sus ingresos corrientes, tener remanentes negativos de tesorería de forma persistente y superar con holgura los 30 días de plazo en el pago a proveedores, límite marcado por la ley.

Fuente: El País