Tras un tira y afloja de desenlace a priori incierto, las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han logrado salvar el duro escollo que las ha mantenido enfrentadas desde el pasado 12 de marzo, cuando firmaron un protocolo histórico auspiciado por el Gobierno y Enresa para cerrar de forma escalonada el parque nuclear español. La petición de una prórroga para los dos grupos de la central de Almaraz ha sido una seria piedra de tropiezo para las tres compañías, que finalmente han superado sus diferencias y acordado solicitar como fechas hasta noviembre de 2027 para Almaraz I y hasta octubre de 2028 para Almaraz II, en un acuerdo que se hará extensivo también a las nucleares de Ascó II y Vandellós II, en las que solo participan Endesa e Iberdrola. Tanto Iberdrola como Naturgy supeditaban la solicitud de la prórroga a no verse obligadas a realizar inversiones sobrevenidas y excesivas, algo que se ha resuelto con la firma de un acuerdo amplio y con un margen de inversión holgado, que permitirá cumplir el calendario de clausuras sin sobresaltos.

Una vez salvado este último obstáculo, España cuenta ya con una hoja de ruta de cierre escalonado de centrales nucleares a desarrollar entre 2025 y 2035. Una horquilla temporal que supone que las plantas seguirán funcionando más de 40 años, pero menos de 50, un punto medio entre las cuatro décadas que reclamaban al inicio de las negociaciones Iberdrola y Naturgy, por un lado, y el medio siglo que defendía Endesa. El pacto sellado esta semana proporciona un plan de cierre lo suficientemente sólido como para poder resistir cambios en la política energética por parte de futuros Gobiernos. Una seguridad que no mana tanto del protocolo auspiciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no tiene fuerza jurídica obligatoria, como del acuerdo suscrito por las eléctricas, que recoge ya un horizonte contractual claro y definido para guiar el cierre escalonado de las centrales.

Frente a ejemplos como el de Alemania, cuyo precipitado apagón nuclear ha obligado a aumentar las energías fósiles e incrementar los residuos, el calendario de España tiene la ventaja de ser una solución pactada y no impuesta por la fuerza, en la que todas las partes implicadas ganan y ceden algo y que se ajusta con realismo a la capacidad técnica y económica del sistema. Ahora restan por abordar otras cuestiones pendientes, entre ellas la puesta en marcha de una vez del ATC (almacén temporal centralizado) para los residuos, que complete y redondee esta estrategia de cierre.

Fuente: Cinco Días