El entorno independentista ha encontrado en la televisión pública catalana un potente altavoz para promocionar sus actividades, movilizar a sus seguidores e intentar generar una imagen internacional favorable a sus intereses. Que TV-3 no ha sido neutral ni ha respetado los principios de pluralidad e independencia informativa salta a la vista. Sus programas han sido (y siguen siendo) una descarada correa de transmisión del soberanismo.
Esta falta de imparcialidad en una televisión que se financia con los impuestos de todos los contribuyentes de Cataluña, vulnera el objetivo básico de los medios de comunicación públicos, que no es otro que el de estar al servicio de todos los ciudadanos, sin favoritismos ni exclusiones. La falta de rigor y de independencia profesional que está exhibiendo TV-3 a la hora de informar sobre las negociaciones para la investidura del futuro president o dar cuenta de la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica (y antes, durante el procés) hace que sus coberturas parezcan bochornosos actos partidistas.
La Generalitat destina cada año sustanciosas partidas para sostener unos medios públicos que a la hora de la verdad actúan de forma sectaria. Algunas de las empresas con las que TV-3 tiene suscritos fabulosos contratos de producción de contenidos y prestación de servicios —por ejemplo, Mediapro— están siendo investigadas por el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro indaga si tienen alguna relación con la posible malversación de fondos públicos al promocionar actos vinculados al secesionismo.
La transparencia contribuye a fortalecer el Estado de derecho. Saber dónde y a quién destina TV-3 cada euro de dinero público es una exigencia que deberían hacer sus telespectadores y, por extensión, todos los catalanes. Rendir cuentas es un síntoma de salud democrática.
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Fuente: El País