Cuando el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2006, tenía como filosofía que la mayoría de las ayudas fueran a través de la prestación de servicios, en lugar de otorgar directamente prestaciones puramente económicas al dependiente. Sin embargo, durante años, esto no se cumplió y la mayoría de las ayudas eran económicas. Ahora, tras la recuperación que han experimentado el sistema tras quedarse en suspenso durante la crisis, esta filosofía inicial ya se cumple, porque casi seis de cada diez ayudas consisten en la prestación de un servicio frente al 42% de compensaciones monetarias.

Estos porcentajes llegaron a estar invertidos en los primeros años de implantación del sistema (60% ayudas económicas y 40% prestación de servicios).

Así queda reflejado en el tercer Observatorio de la Dependencia elaborado por los expertos de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea), Sergi Jiménez y Analía Viola. Si bien, este informe precisa que la variación en el reparto de este tipo de ayudas entre las regiones “sigue siendo sustancial”. Así, hay comunidades donde las prestaciones económicas a dependientes siguen superando el 60% del total, como es el caso de la Comunidad Valenciana, donde el 73% de las ayudas son económicas y Navarra (64%). Por el contrario, en La Rioja y Madrid no llegan al 20%. En cualquier caso, y dentro de estas ayudas puramente económicas, las que reciben los cuidadores familiares siguen siendo las más comunes, aunque han pasado de representar el 51% en 2009 al 30% en la actualidad.

Listas de espera

Otro de los aspectos del sistema de dependencia que ha mejorado en estos últimos años es lo que estos autores denominan el “limbo de la dependencia”. Se trata del colectivo de personas que, a pesar de que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación de dependencia, están en lista de espera para que se haga efectiva.

Estas personas llegaron a representar a una de cada tres con derecho a percibir prestación (384.326) a finales de 2015. Mientras que a finales de septiembre pasado quienes estaban en lista de espera con la prestación reconocida eran 257.487 personas dependientes, que representaban el 19%, quince puntos menos que cuatro años antes.

Concretamente, ha habido algunas comunidades que han reducido más sus listas de espera de dependientes, como por ejemplo Canarias, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla La Mancha y Navarra con recortes de dependientes en el “limbo” de entre 20 y 30 puntos porcentuales.

Pese a estas mejoras, el porcentaje de personas de 65 años o más que reciben ayudas para la dependencia en España (en el entorno del 10%) está en la franja “media-baja” si se compara con el resto de países de su entorno, según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la media supera el 13%.

En cuanto a la financiación del sistema público de dependencia, ha empezado a recuperarse en los últimos cuatro después del estancamiento que experimentó entre 2012 y 2015 por la crisis. Aunque la verdadera mejora se esperaba para 2019 si hubiera salido adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que diseñó el Gobierno socialista, que incluía un incremento de la financiación de 831 millones más, lo que habría supuesto un incremento del 60%.

A pesar de este incremento fallido, los autores de este informe encuentran una evolución positiva del gasto público del SAAD en las comunidades entre los años 2016 y 2018. Por ejemplo, este aumento se acercó al 30% en Canarias (28%), Baleares (28%), Valencia (27%) y Aragón (26%).

Fuente: El País