Con cuentagotas. Así va desgranando el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el polémico paquete de enmiendas a la ley de medidas urgentes contra la sequía que incluye recortes de cientos de millones de euros a la retribución de las redes eléctricas y del gas, tanto de distribución como de transporte. Así, en su comparecencia por trámite de urgencia en la Comisión de Energía del Congreso, a petición de distintos grupos parlamentarios, para que diese cuenta de la anulación de la compensación del almacén Castor por parte del Tribunal Constitucional, los precios de la luz y los proyectos de almacenamiento de gas de Doñana, Nadal ha avanzado otra propuesta hasta ahora desconocida. Concretamente, que las compañías eléctricas que quieran cerrar sus centrales nucleares paguen directamente de su bolsillo parte del coste del desmantelamiento, el que no pueda asumir la Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos y el desmantelamiento, cuyos fondos se abastecen de los tributos que ya pagan las compañías).

Según explicó el titular de Energía, los fondos de Enresa para este fin se han visto afectados por los menores intereses que está cobrando en los últimos años, por lo que “va a ser necesaria la aportación de dinero público, tal como va a ocurrir, según sus palabras, con el cierre de la central de Santa María de Garoña”, cuyo cierre se aprobó el verano pasado. Es por esto que las eléctricas “deberían asumir un coste adicional”, según una de las enmiendas del Grupo Popular en el Senado a la ley de la sequía.

Fuentes parlamentarias aseguran que detrás de esta propuesta está la intención de Nadal, que ve cada vez más complicado sacar adelante su polémico real decreto sobre el cierre de centrales, de evitar la clausura de las nucleares que planean las eléctricas en los próximos años.

Aunque la comparecencia había sido solicitada para tratar del Castor, y para malestar de los representantes políticos, el ministro pasó de puntillas sobre el tema en su intervención, que aprovechó, sin embargo, para insistir en el paquete de medidas energéticas destinadas a rebajar los ingresos de las eléctricas y las gasísticas. Unas medidas que, como todo apunta tras el rechazo del Grupo Socialista a dar su apoyo al Gobierno en lo que considera “una chapuza jurídica”, Álvaro Nadal se mostró dispuesto a sacarlas adelante. Si no es mediante las citadas enmiendas, lo intentará, según desveló, a través de una proposición de ley en la que su grupo político ya está trabajando. Nadal, lo entiende “necesario para educir los costes del transporte y la distribución eléctrica y del gas” y, por tanto, en la factura de los consumidores. Para ello pidió el apoyo en varios ocasiones a sus contrincantes políticos.

 Recorte a las eléctricas

 Tras la filtración de la enmienda en la que el Gobierno incluye un recorte de 375 millones de euros en la retribución de las redes de gas, que afectarían, según el propio texto, a Gas Natural Fenosa, Enagás, Naturgás, Madrileña Red de Gas y Redexis, Nadal se centró en el ajuste reservado a las eléctricas en otra enmienda, cuyo contenido adelantó ayer Cinco Días.

Según el titular de Energía, este ajuste supondría una corrección en 170 millones de euros de la sobrerretribución que reciben las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo). Se trata de una medida que, según Nadal, viene pidiendo la CNMC en distintos informes y que responde a dos cuestiones: por un lado, el coste financiero del llamado factor de retardo y a las amortizaciones incorrectas que hacen las compañías (excepto Endesa, según la enmienda).

Las instalaciones eléctricas comienzan a cobrar su retribución dos años después de su puesta en marcha y por ese plazo (factor de retardo) reciben un tipo de interés (del 10%) que el Gobierno considera excesivo: “Un tipo altísimo, que nadie paga”, según el ministro y que el Gobierno quiere rebaja. Un ajuste se traduciría en 100 millones de euros, según calculó el titular de Emergía.

En cuanto a la valoración de los activos de las grandes eléctricas, Nadal está de acuerdo con las denuncias de las pequeñas distribuidoras y la CNMC en la que apuntaban que había una retribución excesiva, que su departamento calcula en 70 millones. Un asunto que está en el Tribunal Supremo, y para el que ha pedido al supervisor un procedimiento de lesividad en tanto se publica la sentencia del Alto Tribunal.

 

Fuente: Cinco Días