El 31 de agosto de 2017, fin de la temporada de verano en muchos puntos de España, 313.141 contratos de trabajo dejaron de estar en vigor. Fue el día en el que más empleo se destruyó en la historia del país: más de un cuarto de millón de puestos. El dato simboliza un hecho que también está reflejado en el Barómetro de Empresas elaborado por Deloitte para Negocios: hay tantas empresas que contratan como antes de la crisis, pero estos contratos son bajo condiciones muy distintas (léase, peores) a las que se encontraba un trabajador en 2007.
Casi la mitad de los empresarios sondeados (un 49%) afirmaron haber creado empleo en el segundo semestre de 2017. En un periodo en el que la incertidumbre provocada por la crisis catalana ha llenado el estudio de expectativas no superadas, este sí ha estado bastante por encima de las propias previsiones de los directivos: hace seis meses, solo un 41% se aventuraba a pronosticar que ampliaría plantilla. Ahora bien, la destrucción de empleo también ha estado por encima de las expectativas: un 17% de las firmas despidieron en la segunda mitad del año, frente al 11% que esperaba hacerlo en julio.
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El sector en el que más empresas (un 70%) afirmaron haber ampliado su plantilla fue el de la hostelería y el turismo, el calor de un nuevo año de récords en la industria, con más de 82 millones de visitantes internacionales. Le siguen el de transportes y logística (con el auge del comercio electrónico) y el inmobiliario. Ninguno de estos sectores destaca precisamente por su compromiso con el empleo fijo.
Para el primer semestre de 2018, la persistente inestabilidad y las perspectivas menos halagüeñas han llevado a los empresarios a ser más prudentes con sus perspectivas. Solo un 37% afirma que contratará (frente a un 41% de hace seis meses), especialmente en los sectores de servicios y consultoría y hotelero.
Según la encuesta de estructura salarial del INE, en 2015 (último año del que hay datos) el salario de los directivos creció un 6,6%, mientras que el de los trabajadores no cualificados de los servicios cayó un 2,2%. Un informe de la Comisión Europea en noviembre situaba a España a la cabeza de la desigualdad por renta en la UE y no se han vuelto a recuperar (ni de lejos) los niveles de igualdad de antes de la crisis. Este ha sido un gran motor de la insatisfacción social y, con ello, de la radicalización política.
Sin esperanzas en la reforma educativa
En febrero se cumplirá un año desde que el Congreso de los Diputados empezó a negociar un pacto de Estado por la Educación que, por primera vez tras la redemocratización de España, aparte la política educativa de las veleidades del Ejecutivo de turno. Es una idea apreciada por los empresarios encuestados por Deloitte para Negocios: siete de cada diez consideran que la educación debe ser una de las prioridades del Ejecutivo, solo por detrás de la I+D (que también ha de formar parte de la política educativa), el fomento de las exportaciones y el de la competencia.
Sin embargo, se muestran escépticos acerca del avance del acuerdo: el 81% afirma que es insuficiente para potenciar el talento que necesita la economía, mientras que solo un 4% lo valora de forma positiva.
Tienen motivos para desear un cambio. Un estudio del Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés) publicado en septiembre ponía a España en la cola de la Unión Europea —solo por delante de Grecia— por su «desarrollo del capital humano». Para las asociaciones empresariales, el problema de la formación en España reside, entre otros problemas, en la falta de conexión entre los diferentes itinerarios de formación y las necesidades del mercado de trabajo, especialmente en el campo de la mano de obra cualificada.
Sin embargo, el propio informe del WEF apunta que el principal problema de España no es precisamente la educación formal —en la que está en niveles similares a países como la envidiada Corea del Sur—, sino la falta de desarrollo del capital humano en el puesto de trabajo. Y, con la insistencia de la economía española en puestos de trabajo precarios y de escasa formación, esta situación no tiene visos de cambiar pronto.
Aunque ha mejorado ligeramente, la opinión de los empresarios acerca del Gobierno de Mariano Rajoy sigue siendo pobre. Un semestre más, el porcentaje de directivos que tiene una mala imagen de la política económica del Ejecutivo sigue siendo superior al que tiene una buena, aunque la opinión mayoritaria es la indiferencia (43%).
Mientras, el Partido Popular continúa gobernando sin mayoría parlamentaria, lo que obliga al Ejecutivo a negociar toda la legislación. Los empresarios ven en esa geometría variable en el Parlamento una oportunidad de sacar adelante reformas institucionales de calado. Le dan especial importancia a las reformas de las pensiones, la inversión y el empleo, y no dan tanto valor a los cambios fiscales, en especial a la reforma del impuesto de sucesiones.
Uno de los temas más candentes es la financiación autonómica: cuatro de cada cinco empresarios (78%) consideran que es hora de cambiar la legislación al respecto. En la mayor parte del país, las regiones tienen competencias cuya financiación corre indirectamente a cargo del Estado central, que se encarga de la recaudación y el reparto. El contraste con quienes tienen la capacidad de recaudar sus propios impuestos (las tres provincias vascas y Navarra) ha vuelto a reanimar el debate.
Fuente: El País