Los 12 vocales del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) llevan en funciones desde el pasado verano. Este tribunal es una de las instituciones más importantes en el ámbito tributario y administrativo, donde resuelven casos de cuantías superiores a 150.000 euros. Es el último dique de la Agencia Tributaria para defender sus contenciosos en vía administrativa. En definitiva, este organismo es fundamental porque juzga casi todos los grandes casos tributarios del país y fija doctrina vinculante para la interpretación de los impuestos estatales, como el IVA, el IRPF o sociedades.

Un decreto del Gobierno ha trastocado el ecosistema de este tribunal. El Ejecutivo aprobó el pasado 28 de julio un decreto por el que modificaba la estructura del Ministerio de Hacienda. En esta remodelación suprimía las 12 vocalías con nivel orgánico de subdirección general que tenía el TEAC. Pero en una disposición transitoria de ese decreto mantiene las potestades de estos funcionarios. «Con el objeto de garantizar el normal funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo Central, entretanto se produzca el nombramiento mediante real decreto de los titulares de las nuevas vocalías que se establecen en el presente real decreto, mantendrán sus funciones los actuales vocales».

La decisión es relevante porque dejaba a los vocales en funciones. Es decir, los vocales que tienen que decidir sobre los grandes asuntos tributarios están destituidos pero llevan desde julio trabajando en una situación de interinidad.

Dudas jurídicas

Un vistazo en la web del Ministerio de Hacienda permite comprobar cómo las 12 vocalías del TEAC (de imposición directa de las personas físicas, de imposición directa de las personas jurídicas, de fiscalidad internacional, de apoyo en materia de imposición directa, de imposición sobre el consumo, de impuestos patrimoniales y tasas, de tributos sobre el comercio exterior, impuestos especiales e Imposición medioambiental, de apoyo en materia de imposición indirecta, de recaudación, de pensiones públicas, derechos pasivos y catastro, de apoyo general, y la vocalía coordinadora) están pendientes de nombramiento.

Ante esta situación, Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, prevé registrar una pregunta parlamentaria en la que pide explicaciones por «las destituciones masivas en el TEAC, la gravísima situación de provisionalidad del tribunal y sus consecuencias económicas y jurídicas». Y añade: «Pese al encomiable trabajo y profesionalidad del personal del tribunal, especualmente de los vocales y ponentes del mismo, ¿no considera el Gobierno que la provisionalidad que ha provocado de forma caprichosa e irresponsable puede pasar factura a la lucha contra el fraude y la recaudacuón tributaria?

De la Torre explica que «esta situación podría tener graves consecuencias jurídicas». Y apostilla: «Según algunos despachos de abogados que gestionan reclamaciones en este tribunal, toda esta situación podría afectar a los derechos de los contribuyentes afectados». El parlamentario de Ciudadanos pone de ejemplo una reciente sentencia del Supremo sobre una reclamación por un impuesto de sucesiones. En esta los magistrados exigen un nombramiento valido del funcionario para que pueda ejercer sus funciones. «La validez de la actuación del funcionario depende de que se encuentre en el correcto ejercicio de su cargo», señala el Supremo en la citada sentencia.

Pregunta de Ciudadanos

Luis Díaz-Ambrona, abogado del Estado en excedencia, experto fiscalista y socio de la firma LEAN abogados, con presencia en toda España, explica que en estos casos se aplica el principio de continuidad en la actuación administrativa. Es decir, mientras que los miembros de los órganos administrativos permanezcan en sus funciones, como es el caso, son competentes para seguir dictando resoluciones. «Es un principio que se sigue en toda la Administración del Estado», apunta. Este periódico ha consultado a otras prestigiosas firmas de abogados que aseguran desconocer la situación del TEAC o restan importancia a la situación de interinidad de sus vocales.

De la Torre advierte, sin embargo, de las dudas jurídicas que puede provocar esta situación de inestabilidad en el TEAC. Por eso pregunta al Gobierno si, «como sostienen algunos despachos de abogados, esta situación podría afectar a los derechos de los contribuyentes».

Fuente: El País