Hace tiempo, en lo peor de la Guerra Fría, la gente hablaba de “máquinas del juicio final», dispositivos capaces de destruir el mundo. ¿Qué utilidad tenían esos dispositivos, si quien los usara se destruiría también a sí mismo? Bien, la idea principal era que podían disuadir.

Pero estaba también la idea de que un loco con acceso a uno de esos dispositivos podría emplearlo para hacer chantaje: “Dadme lo que quiero o hago estallar todo”.

La buena noticia es que eso no ha pasado nunca en el frente nuclear. La mala es que una forma de política del juicio final –en la que uno amenaza con hacer estallar cosas que le importan porque piensa que a los rivales le importan todavía más– se desarrolla en estos momentos en Washington, por cortesía del Partido Republicano.

La política de máquina del juicio final surgió por primera vez en Estados Unidos en la década de 1990, cuando los republicanos paralizaron la administración pública federal en un intento de obligar a Bill Clinton a hacer concesiones.

La cosa no le fue bien al Partido Republicano. Pero volvieron a probar, esta vez con más éxito, en 2011, empleando la amenaza de negarse a elevar el techo de deuda –lo que obligaría al Gobierno estadounidense a suspender pagos, con posibles efectos catastróficos para la economía mundial– para obligar a Barack Obama a hacer concesiones políticas.

Y a pesar de que ahora controlan tanto la Casa Blanca como el Congreso, los republicanos siguen con la “máquina del juicio final»: ahora amenazan con hacer estallar la atención sanitaria de casi nueve millones de niños.

Un poco de contexto: desde que Donald Trump tomó posesión, los republicanos han tratado de gobernar como si los demócratas no existiesen. Han intentado revocar la Ley de Atención Sanitaria Asequible, y han conseguido que se apruebe una enorme reducción de impuestos para las grandes empresas y los ricos, sin intentar obtener un solo voto demócrata; de hecho, ni siquiera han celebrado sesiones consultivas en las que los demócratas pudieran comentar las propuestas.

Ahora, sin embargo, los líderes republicanos tienen un problema. Necesitan que se apruebe una “resolución de continuidad” para mantener la financiación de la administración pública y evitar un cierre. Pero aunque controlan ambas cámaras del Congreso, no tienen los votos necesarios.

¿Por qué no? En la Cámara de Representantes, el principal problema eran los miembros de ultraderecha, que se niegan a apoyar incluso el gasto ordinario. Aun así, los republicanos no necesitaban a los demócratas para que se aprobara un proyecto de ley. Sin embargo, para que se apruebe la ley en el Senado harán falta 60 votos. Dado que solo hay 51 republicanos, necesitarán votos demócratas.

Hubo un tiempo en el que un partido que necesitaba un poco de ayuda del otro lado del pasillo proponía un acuerdo haciendo algunas concesiones al programa del otro partido. Y hasta hace pocos días parecía que las normas políticas habituales seguían siendo válidas.

Un grupo de senadores de ambos partidos llegaron a un acuerdo que habría solventado una de las prioridades demócratas: proteger a los Soñadores, los jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos ilegalmente de niños y que quieren quedarse en el único país que conocen. Y a cambio de dicho acuerdo –que de hecho implicaba una serie de concesiones a los republicanos– los demócratas habrían estado dispuestos a ayudar a mantener la administración pública en funcionamiento.

Proteger a los Soñadores es, por cierto, enormemente popular, incluso entre los republicanos, que se oponen por un amplio margen a su deportación. De modo que no es que el Partido Republicano tuviera que renunciar a gran cosa. Pero Donald Trump ha torpedeado el acuerdo, porque, por lo visto, no quiere inmigrantes procedentes de “agujeros de mierda”.

Esto ha obligado a los republicanos a empezar de cero, y lo que se les ha ocurrido es otra amenaza de destrucción total, esta vez dirigida contra los niños.

Verán, allá por 1997, un acuerdo entre los dos partidos creó el Programa de Seguro Sanitario para Niños, CHIP por sus siglas en inglés, una ampliación de la asistencia gratuita para dar cobertura sanitaria a niños que de otro modo no habrían reunido los requisitos. El CHIP ha dado muy buenos resultados, a un precio módico. Y en este momento la Oficina Presupuestaria del Congreso afirma que ampliar el programa otros 10 años serviría de hecho para ahorrar dinero público, porque algunas familias expulsadas del mismo acabarían recibiendo subvenciones para coberturas más caras. Pero los republicanos permitieron que la financiación del CHIP expirase hace casi cuatro meses. Desde entonces han estado prometiendo hacer algo, pero no lo han hecho. Y ahora han condicionado la ampliación del programa a que se apruebe la resolución de continuación, en la creencia de que esto obligará a los demócratas a darles lo que quieren.

El tema es que los políticos republicanos afirman que apoyan el CHIP; aunque no hay muchos sondeos al respecto, los que hay indican un abrumador respaldo popular, incluso entre los votantes republicanos, a la continuación del programa.

Sin embargo, los líderes republicanos parecen creer que pueden intimidar a los demócratas amenazando con perjudicar a millones de niños, porque a los demócratas esos niños les importan más que a ellos. También creen que si esta táctica falla, pueden presentarla como una muestra de la insensibilidad de los demócratas.

Los demócratas deberían, sencillamente, negarse. No se puede permitir que estas tácticas prosperen. Porque en cuanto la política de máquina de destrucción total se convierta en la norma, todo valdrá. Dadnos lo que queremos o eliminaremos la sanidad pública a los jubilados. Dadnos lo que queremos o destruiremos la Seguridad Social. 

Esto tiene que parar. Y ahora es el momento de ponerle límite.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía.
© The New York Times Company, 2018.
Traducción de News Clips.

Fuente: El País