La mesa que estudia posibles reformas de la normativa laboral para mejorar la calidad del empleo se sigue reuniendo con regularidad y estaría avanzando en sus trabajos pero, de momento, sin lograr el acuerdo de la parte empresarial.

“Parece que el Gobierno está dispuesto a considerar como acuerdo solo el pacto con los sindicatos, porque con lo que plantean no van a tener el respaldo de los empresarios; y, aun así, parece que quieren sacar su reforma adelante”, aseguraba ayer un representante patronal conocedor de la marcha de esta mesa negociadora. De esta misma opinión son los sindicatos, quienes consideran que los próximos cambios del mercado laboral podrían llevarse a cabo sin el acuerdo con las empresas.

En la reunión mantenida ayer por todas las partes estaba previsto dejar cerrada la reforma de la ultraactividad, de forma que se restituyera la prórroga automática de un convenio colectivo hasta que no se acuerde un convenio nuevo que lo sustituya.

La intención del Gobierno es volver así a la situación anterior a la reforma laboral del PP de 2012, que fijó un límite de doce meses para negociar convenios vencidos, de forma que transcurrido ese tiempo, el convenio y las condiciones laborales en él recogidas decaen.

Los representantes de CC OO y UGT respaldan este cambio de la negociación colectiva , pero CEOE-Cepyme no lo avala de ninguna manera. Según los empresarios, el límite de un año en la ultraactividad “no ha dado grandes problemas”. Y añaden que la mayoría de los convenios ya incluyen que se mantendrán vigentes hasta que no haya uno nuevo, con lo que el límite de los 12 meses no opera.

Además, desde CEOE insisten en que los posibles cambios en la ultraactividad de los convenios estaban dentro de los temas que patronal y sindicatos acordaron abordar de forma bilateral, al margen del Gobierno, cuando firmaron el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2018-2020.

Registro horario

La otra cuestión que el Gobierno quiere sacar adelante y para la que, en principio, tampoco tendría el apoyo empresarial, es la nueva exigencia de que las compañías lleven un registro horario de todos sus empleados.

“Quieren ponerse muy duros en el control del tiempo parcial y de las horas extraordinarias –indica un responsable patronal– y para eso establecen el control de registro horario”.

Con ello, el Gobierno obligaría por ley a que todas las empresas guardaran el registro de cuándo sus empleados entran y salen de trabajar, para facilitar a la Inspección de Trabajo que calculen las horas extra y el tiempo parcial de los trabajadores.

Actualmente, la ley solo recoge la obligatoriedad de que el empresario registre las horas extraordinarias de sus empleados. Hace dos años la Inspección de Trabajo empezó a exigir el registro horario de toda la jornada para poder determinar si se hacían o no horas extraordinarias. Aquello despertó numerosas críticas de las empresas, a las que el Tribunal Supremo terminó dando la razón al indicar que la ley actual solo exige el registro de las horas extras y no del resto de la jornada.

Ahora el Gobierno quiere cambiar la ley para que este registro empresarial obligatorio afecte al horario completo del trabajador.

Fuentes patronales insisten en que los empresarios no pueden estar en un acuerdo que incluya, entre otras estos dos cambios legales.

A este desacuerdo sobre el contenido de los cambios que pretende acometer el Gobierno, se une la incógnita de la herramienta legal que usará el Ejecutivo para llevarlas a cabo.

Fuentes de esta negociación aseguran que el Gobierno ha descartado que estas medidas pudieran tener cabida en los Presupuestos Generales del Estado. En su lugar, apostarán por un Real Decreto Ley que incluya todas las modificaciones de la normativa laboral.

También en este punto tienen en contra a los empresarios que consideran que “ninguno de estos cambios justifica la urgencia que exige un Real Decreto”. Fuentes de esta negociación aseguran que, por ejemplo, en el caso del registro horario, el Gobierno argumentará dicha urgencia por la realización de 2,7 millones de horas extraordinarias sin justificar. Y, dado que Trabajo optará por un decreto, el PSOE deberá dejar morir una iniciativa legislativa que perseguía este mismo registro.

Otros posibles cambios

  • Subcontratación. El Real Decreto que está preparando el Gobierno con reformas legales que afecten al mercado de trabajo podría incluir también una modificación del artículo 15 apartado 1.a para impedir el uso de los contratos de obra o servicio cuando se subcontrate una actividad. En este caso, el Ejecutivo tendrá que decidir también que hace con la iniciativa legislativa que se está tramitando en este mismo sentido.
  • Convenio sectorial. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio ha reiterado su intención de devolver la primacía al convenio sectorial y que estos acuerdos manden sobre los convenios de empresa, en contra de lo que estipuló la reforma laboral de 2012. Sin embargo, los empresarios dicen que los tribunales ya han anulado los convenios que usaban esta normativa para fijar salarios por debajo de mercado; y que ya hay convenios como el de Hostelería que impiden esta práctica. Por ello, CEOE tampoco cree necesario este cambio.
  • Contratos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente que el número de contratos se reduciría a tres. Pero, de momento, esta cuestión no se ha abordado en el diálogo social.

Fuente: El País