El reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) destaca que la Línea ICO Directo arrastra una morosidad del 83%. El Gobierno desarrolló esta línea entre 2010 y 2012 para contrarrestar el cierre del grifo del crédito de los bancos. El Ejecutivo decidió que el ICO diera préstamos directamente a autónomos y pymes, asumiendo todo el riesgo, con un penoso resultado. Tuvo el apoyo de IU, ERC y CiU.

“La morosidad de la línea de crédito es muy elevada. El 83% del saldo vivo de gestión corresponde a fallidos y dudosos (provisionados al 100%). Aproximadamente, dos tercios (5.072) de las operaciones vivas (8.012) a final del ejercicio fiscalizado estaban en una situación de morosidad (1.301) o en suspenso (3.771)”, resume el Tribunal de Cuentas. La morosidad total del ICO al cierre del pasado ejercicio se situaba en el 9%.

En marzo de 2010, la entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, declaró que la banca no hacía bien sus deberes “a la hora de evaluar los riesgos al financiar a las pymes”. Por ello, se decidió que el ICO se convirtiera en banca pública y concediera los préstamos directamente al cliente, asumiendo el Estado el 100% del riesgo. Ante la falta de personal y la escasez de recursos del ICO, el Gobierno recurrió a jubilados y prejubilados bancarios para que analizaran la solvencia de los clientes. La experiencia no ha sido positiva.

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Según el ICO, esta línea sumó un total de 551 millones en créditos formalizados a través de 13.961 operaciones. “ICO Directo representaba solamente el 0,7% de la actividad crediticia del ICO en 2011”, indican fuentes del instituto.

La laxitud de los riesgos

Ahora se está procediendo “al seguimiento de los créditos concedidos y las posibles refinanciaciones y recuperaciones. Hasta la fecha se han formalizado 654 operaciones de refinanciación por un importe de 22,1 millones, lo que ha contribuido a contener la ratio de morosidad, permitiendo al cliente la reducción de la cuota mensual en más de un 50%”, apunta el ICO.

En colaboración con el BBVA y el Santander, continúan estas fuentes, “se está llevando a cabo la recuperación de impagados”, y se han conseguido hasta la fecha “unos 24,3 millones que estaban clasificados como dudosos”.

El informe del tribunal admite que “en el momento de concesión de los créditos nos encontrábamos en unos años de crisis financiera pero, aun cuando no estamos hablando de colectivos estrictamente semejantes, la comparación con ratios de morosidad del sistema financiero es desfavorable, lo que evidencia una mayor laxitud en la política de riesgos asumida”. También apunta que hubo una “falta de especialidad en la banca minorista por parte del ICO que hacían imposible el axioma de ‘conoce a tu cliente”.

Tras analizar la cartera, el Tribunal de Cuentas afirma que “se aprecia una escasa interacción entre el analista y el cliente, limitándose a un mero análisis de cumplimiento de unos ratios aun cuando fuese el segundo, tercero o incluso cuarto crédito concedido. Esta situación mejoraría si parte del riesgo se hubiera asumido por la entidad financiera colaboradora”.

Fuente: El País