Cobrar la deuda pendiente con una Administración pública en España puede requerir del acreedor fuertes dosis de paciencia, y otros recursos económicos de los que vivir. Aunque la Ley de Morosidad establece que los entes públicos tienen un máximo de 30 días para abonar las facturas emitidas por sus proveedores, la realidad es que solo los organismos dependientes de la Seguridad Social suelen cumplir. Ni la Administración central ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos se mueven, de media, dentro de los plazos exigidos. Sin embargo, en función de cada entidad el cobro puede ser cuestión de horas o de años.
En el caso de la Administración central, el pago se produce de media al borde de los 50 días. Los datos de agosto, recientemente publicados por la Agencia Tributaria, indican que los organismos dependientes del Estado habían abonado 718 millones pero adeudaban otros 650 millones más. Lideran el ranking de morosos las confederaciones hidrográficas del Segura, con el récord absoluto de 724,3 días de periodo medio de pago, y la del Guadalquivir, que le sigue de cerca con 674,9 días. Resulta llamativo que el tercer puesto sea para el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Atapuerca (Cenieh), que se toma 281 días para pagar sus facturas.
Por el contrario, existen corporaciones de la Administración central sin pagos pendientes, como la Agencia Española de Protección de Datos, o con periodos de abono inferiores a una jornada, como es el caso de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (en liquidación) o la sociedad pública Cofivacasa, dependiente de la SEPI, que se centra en la liquidación ordenada de activos, como la de Izar Construcciones Navales. Otras, como Casa de América, apenas tardan un día y medio.
Sin embargo, las Administraciones que lideran el ranking de morosidad pública son las corporaciones locales, con una demora de más de 63 días de media. El Ayuntamiento de Jaén tarda 587 días en pagar; el de Telde (Las Palmas), 535 días, y el de Algeciras (Cádiz) roza el año. Destacan en este capítulo, por su celeridad, la Diputación Provincial de Cuenca, la de Toledo y el Ayuntamiento de Coslada, que pagan en menos de una semana.
Del lado de las comunidades autónomas, con un periodo medio de pago de 33 días, hay enormes diferencias por regiones. Mientras que Extremadura tarda 54 días, la Comunidad Valenciana 48 y Cantabria casi 47, Galicia paga en apenas 13 días, Andalucía en 18 y el País Vasco en 20.
Tan solo cumple los plazos oficiales la Seguridad Social, que paga a proveedores en menos de 25 días. De media, eso sí, pues hay organismos dependientes de esta institución que llegan a multiplicar por cuatro esta marca. Es el caso del Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, que abona los salarios pendientes de los trabajadores ante la insolvencia del empleador.
Le siguen el centro Intermutual de Euskadi (67,2 días) y el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que paga en 50 días. A su vez, las Mutuas de Andalucía y Ceuta (Cesma), la Montañesa y MC Mutual cumplen en menos de cinco días.
Fuente: El País