Las pioneras que reclamaron la devolución del IRPF de la prestación pública de la baja de maternidad se han quedado en un limbo jurídico sin poder cobrar la devolución que Hacienda ya está entregando al resto de madres. Cerca de 700 mujeres y algunos hombres se han agrupado en una asociación, AfectadasIRPFmaternidad, para reclamar al Ministerio de Hacienda que también les reintegre las cantidades demandadas.

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La situación que han vivido estas mujeres resulta estrambótica. Fueron las precursoras, las que iniciaron la batalla administrativa y jurídica contra lo que creían que era «la injusticia» de la retención del IRPF de las prestaciones por la baja de maternidad a cargo de la Seguridad Social. Consideraban que no tenía sentido que la Agencia Tributaria les hiciera pagar por recibir una ayuda pública, destinada a garantizar y reforzar el periodo de baja maternal.

Recurrieron ante la Agencia Tributaria y se dieron de bruces contra el criterio inamobible de Hacienda: estas ayudas públicas debian tributiar al igual que el resto de prestaciones públicas. Algunas abandonaron la lucha. Otras recurrieron ante los tribunales y recibieron la misma respuesta.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2017 que determinaba que las prestaciones volvió a abrir la espita. Esta decisión animó a numerosas afectadas a reclamar contra la Agencia Tributaria, pero el criterio seguía siendo el mismo.

La situación se volvió esperpéntica cuando en octubre de 2018, el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia declarando exentas de tributación las prestaciones de las 16 semanas de baja de maternidad a cargo de la Seguridad Social, lo que obligó a Hacienda a cambiar el criterio e iniciar un procedimiento para devolver las retenciones cobradas indebidamente hasta 2014, el periodo no prescrito.

Pero las primeras en reclamar ante Hacienda y acudir a la justicia y que recibieron el varapalo del fisco y de los tribunales ordinarios no podían beneficiarse de la decisión del Supremo. Tanto la vía administrativa como la justicia considera que si ya hay una decisión firme o se ha juzgado una cosa y ha pasado el plazo para recurrir no se puede volver a reclamar. por los mismo. Esto les ha dejado en una especie de limbo jurídico. Mientras las que no reclamaron ya están cobrando, ellas, de momento, tienen las puertas cerradas. Y por eso, ahora reinvindican ante Hacienda que atienda su petición.

Y lo hacen contrarreloj porque el próximo 1 de julio prescriben las declaraciones del IRPF de 2014, lo que reduciría la reclamación de muchas madres e, incluso, amenaza con dejar fuera a varias afectadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este pasado martes que «trabaja para tratar de devolver el IRPF de la prestación de maternidad a aquellas mujeres que reclamaron y en su momento perdieron la sentencia o no la recurrieron. Montero se comprometió a que estas mujeres recibieran la devolución de esas cantidades. «No tiene sentido que, aquellas que reclamaron previamente para obtener ese derecho, ahora que se concede globalmente, justo a ellas no se les conceda», dijo y explicó que los servicios jurídicos del ministerio se encuentran en una diatriba, por la dificultad de hacer cumplir una sentencia (que les denegaba el derecho) al mismo tiempo que ese mismo derecho ha sido reconocido posteriormente.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que la ministra ya ha dado la orden para arrelgar este entuerto jurídico. La abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos están trabajando desde hace 15 días en buscar una solución. Buscan una solución que no sea engorrosa para las madres y les permita devolver las cantidades casi de oficio.

Hacienda ha devuelto ya 960 millones de euros a 734.000 madres y padres por la retención del IRPF vinculada con los permisos de maternidad y paternidad que disfrutaron entre 2014 y 2017. Los beneficiarios han recibido 1.309 euros de media. En concreto, las madres han recibido de media 2.066 euros y los padres 483 euros. Por eso, la compensación a las madres y padres que reclaman ahora a Hacienda supondría apenas unos dos millones de euros, un pellizco en comparación con los 960 millones que ya ha pagado el fisco.

Fuente: El País