El presidente de Unauto Cataluña, Josep Maria Goñi, ha realizado hoy una dura acusación sobre la Generalitat, al asegurar en rueda de prensa que el Gobierno catalán les prometieron «mirar para otro lado» si las empresas de VTC no cumplían con los 15 minutos de precontratación que ha fijado en su decreto ley recién estrenado. Según ha detallado Goñi, altos cargos de la Consejería de Territorio les habría ofrecido seguir operando irregularmente durante una reunión celebrada el pasado 25 de enero, si a cambio ellos aceptaban la nueva normativa que fija ese tiempo mínimo para poder solicitar un VTC en Cataluña. 

Goñi, que ha indicado tener pruebas de lo que dice, ha aclarado que en dicha reunión no estaba el consejero de Territorio, Damià Calvet, pero sí el secretario general de Movilidad, Isidre Gavín. El presidente de Unauto Cataluña ha indicado que rechazaron la oferta, que suponía también que las posibles sanciones quedaran sin efecto, porque suponía «abrir la puerta de la corrupción». 

Estas declaraciones de Goñi han tenido lugar en un encuentro con la prensa donde la patronal de las empresas VTC ha explicado las consecuencias del decreto ley de la Generalitat. 

El consejero de Territorio no ha tardado en negar tales acusaciones, que tilda de interpretaciones interesadas. «Estas declaraciones son una muestra más de su voluntad de confrontación, de engañar al ciudadano. Los VTC deben hacer de VTC, y los taxis de taxis», ha dicho Calvet, que asegura que únicamente se les indicó que el decreto precisaba de un «periodo de adaptación natural» y que no se aplicarían con rigor desde el primer días.

Calvet también ha anunciado hoy la intención de la Generalitat de rescatar las licencias VTC que no se estén utilizando. Según ha explicado, el Gobierno catalán quiere evitar que estas compañías «secuestren las licencias y las retengan de manera especulativa». Algo, que en su opinión, impactaría en la movilidad de Barcelona. El objetivo sería ponerlas de nuevo en concurso público.

Desde Unauto han sido muy duros con el Gobierno catalán al que culpan de que más de 3.500 personas se queden sin trabajo. Vector Ronda ya ha presentado un ERE que afecta a la totalidad de su plantilla, 1.000 personas, y Moove Cars (con 750 trabajadores en Barcelona) y Auro (con unos 330) planean llevarlo a cabo en las próximas horas.  

«Es el ERE más importante de los últimos 40 años y el único responsable es el señor Calvet, que ha cedido al chantaje del taxi», ha indicado Goñi. Aunque ayer CC OO criticó la «utilización de los trabajadores» por parte de las VTC para presionar a los políticos catalanes, y es claro que estas empresas tendrán que justificar los despidos, las compañías se defienden y aseguran que la precontratación de 15 minutos (y muy previsiblemente la de 1 hora que se prevé fije Colau en su reglamento) hace inviable su actividad.

«No cerramos porque queramos; es que nos expulsan del mercado», han insistido desde Unauto, que ha recordado hoy que el 95% de los clientes que utilizan los servicios VTC no quieren esperar. Desde la patronal han resaltado también que la mitad de las personas que perderán el empleo son «mayores de 45 años, personas con cargas familiares y un grave riesgo de verse excluidas del mercado laboral». 

La patronal de las empresas VTC confía, no obstante en la justicia. «Volveremos. Estamos convencidos de que la justicia tumbará el decreto de la Generalitat. Además, hemos dejado muy buen sabor de boca a los ciudadanos de Cataluña»,  aseguran en declaraciones a CincoDías, que recalcan que han defendido sus intereses «con dignidad» durante estas últimas semanas. «Sin cortar vías ni agredir a nadie». 

Tras el decreto de la Generalitat apenas quedará en pie un 10% de la actividad de los VTC en Cataluña. «Solo estarán operativas las empresas que ofrecen estos vehículos para bodas, entierros, despedidas de soltero… pero es un mercado muy marginal».

Fuente: Cinco Días