Las medidas para paliar la subida de los precios de la luz incluidas en el real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se traducirá en un déficit de tarifa de 910 millones de euros en los años 2018 (300 millones) y 2019 (610 millones), según la memoria económica de esta ley a la que ha tenido acceso Cinco Días.
Un desfase provocado, principalmente, por el efecto sobre los ingresos del sistema de la suspensión del 7% a la generación durante seis meses; la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos (o céntimo verde) al suministro de gas para producir electricidad; la reducción de la potencia contratada; los cambios a la tarifa de discriminación horaria y el impulso al autoconsumo (ver gráfico).
El Gobierno prevé cubrir estos desajustes con los ingresos de las subastas de derechos de CO2, que se han disparado. Para ello, ha eliminado el límite, según el cual, el Estado solo podía destinar al sistema un 90% de dichos ingresos, con un tope de 450 millones. Este año, en que la cotización de los derechos de CO2 ha superado los 20 euros/tonelada, el fisco prevé ingresar 1.300 millones de euros y otros 988 millones en 2019.
Así, el Gobierno va a activar el crédito fiscal de hasta 750 millones previsto en los Presupuestos de 2018 para el caso de que el 90% de esos ingresos supere el citado tope de 450 millones, lo que servirá para cubrir el déficit de este año. Para el que viene, propone incluir esta misma cláusula en los Presupuestos de 2019, cuya ley está en el aire. Como medida de prevención, el RDL incluye “una segunda variable”: utilizar el superávit acumulado para cubrir los posibles desfases por las medidas fiscales aprobadas. Este excedente, que solo se puede destinar a reducir la deuda, ronda en estos momentos los 1.000 millones.
En 2018, la recaudación por el impuesto del 7% se estima en 1.656 millones y para 2019, en 1.678 millones. Como es un tributo destinado al sistema eléctrico, su suspensión durante seis meses supone un recorte de 833 millones de sus ingresos (414 millones este año y 419 millones en 2019). Sin embargo, los cambios legales suponen un recorte de la retribución regulada de ciertas actividades, que redundará en beneficio del sistema, por lo que “la afección” sobre los costes será menor: de -265 millones en 2018 y -269 millones en 2019. En cuanto al céntimo verde del, la recaudación será de apenas 205 millones este año y 106 millones en 2019, mientras quela afección o recorte real en los peajes será de solo 100 millones.
Por contra, las medidas fiscales tendrán un impacto positivo en el coste de la energía de la factura del consumidor, concretamente, 200 millones de euros, amén de una menor factura por IVA. La exención del céntimo verde al suministro de gas hará reducir el precio marginal del mercado (que marca este combustible para todas las tecnologías) y supondrá unos 53 millones menos en los peajes de 2019.
La memoria económica del RDL incluye una estimación de la reducción de la factura por tipo de consumidor: para el doméstico, un 2,16%; para pymes, del 2,97% y para los industriales entre un 3,73% y un 5%, según el tamaño.
El impulso que la norma da a la contratación de la tarifa de discriminación horaria (una doble tarifa para las horas punta y valle) recortará los ingresos del sistema de 92 millones (en el caso de que un 15% de los 26 millones de domésticos la contrate en 2019) y, al tiempo, supondrá un ahorro de 25 euros anuales en los peajes de estos consumidores. Por su parte, si un 25% de estos reduce su potencia contratada 0,5 kW, tendría un coste de 140 millones para el sistema en 2019.
En cuanto al autoconsumo, su desbloqueo provocará una minoración de los ingresos por peajes y cargos (pues parte de la energía no procederá de instalaciones conectadas a la red); hará bajar la demanda en el sistema y, por tanto, los precios. Según simulaciones de Omie, 100 MW nuevos de de potencia fotovoltaica para autoconsumo habría producido entre 2015 y 2018 una disminucion en el precio de 0,022 euros MWh y un recorte de los ingresos del sistema de 5,42 millones
Respecto a los 40 milones que costará la nueva euskotarifa de la industria vasca, estos los sufragarán Presupuestos del Estado. Otras partidas, como la del bono social, la financian las comercializadoras y la de los impagos de familias vulnerables con menores de 16 años (32.000), las distintas administraciones. Este coste se calcula en 14,5 millones de euros.
Un bono térmico entre 25 y 322 euros
El RDL de medidas energéticas incluye la metodología para otorgar el nuevo bono térmico. Una ayuda directa que oscila entre un mínimo de 25 euros y 322 euros y podría beneficiar a unas 700.000 familias, especialmente, a las muy vulnerables de zonas frías (se establecen seis zonas climáticas).
El número de familias monoparentales (un nuevo colectivo con derecho al bono eléctrico) es de 1,8 millones. El 91% de las mismas tiene una renta inferior a 22.559 euros anuales, tres veces el IPREM, el umbral que da derecho a un descuento del 25%. El Gobierno calcula que lo recibirán 110.000 familias de este tipo.
El bono fracasa. Hasta ahora, se han pesentado 1,325 millones de solicitudes para recibir el nuevo bono de la luz, si bien, solo se han resuelto favorablemente 731.000. Para 2,5 millones de potenciales beneficiarios, el coste se sigue manteniendo en 240 millones, que financian las comercializadoras.
En su decisión de prohibir contratar puerta a puerta la luz y el gas, el Gobierno ha tenido en cuenta las reclamaciones ante la CNMC. Un 40% de los cambios de compañía se realizan en el domicilio y de las 136.500 quejas por contratación, 54.600 se refieren a esta práctica.
Fuente: Cinco Días