La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel de 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Las sanciones al conjunto de las empresas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros.

La multa de mayor cuantía la ha recibido Masa Industrial, empresa del grupo ACS, que deberá pagar más de 14 millones de euros; y Maessa, también del grupo ACS, deberá abonar otros 3,49 millones. Navec ha sido multada con 9,3 millones e Imasa, con 9,2. Meisa han sido sancionada con 4,85 millones y Tamoin, con 3,44. Además, están multadas otras dos cotizadas: Duro Felguera recibe una multa de 1,3 millones y Sacyr Nervión (participada al 50% por la constructora), con 1,16. La firma TMS también han recibido una sanción por encima del millón de euros (1,11 millones).

También figuran en la lista de sancionadas Millecasa (937.000 euros), Atrian (914.000), HGL (874.000), Enewsa (860.000), Bolea (650.000), La Puertollanense (561.000), Premonor (471.000), Faysol (267.000), Acsa (110.000) y Barbadun (38.577 euros). No obstante, dos de las empresas se beneficiarán de las exenciones previstas por la CNMC para las empresas que colaboren con la investigación. El supervisor, así, ha eximido a Navec de la multa y ha aplicado un descuento del 50% a la sanción sobre Enwesa.

En paraleo, la sala de la CNMC también ha eximido a la cotizada Dominion de la participación en el cártel de Abantia, firma comprada por Dominion después de haber estado en concurso de acreedores, tras el que el juez  del concurso «delimitó las condiciones, extensión y alcance de la transmisión».

Además, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público. Asimismo, la Comisión vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita.

Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. La CNMC ha acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel.

En este sentido, según la CNMC, diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban «para empresas locales», coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

El ‘modus operandi’ de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

En una etapa posterior, explica la CNMC, las empresas se intercambiaban versiones de archivos ‘Excel’, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un sí o con un no, si las empresas participaban en una licitación concreta.

Una de las empresas

El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales. Por ello, las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican dichos servicios a empresas especializadas para el mantenimiento de instalaciones como depósitos, tanques en centrales de generación o aeropuertos. La contratación se realiza a través de licitaciones privadas.

Las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel; se trata de una conducta prohibida, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.

Archivos Excel

Competencia ha acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. Diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban «para empresas locales», coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

El ‘modus operandi’ de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

En una etapa posterior, las empresas se intercambiaban versiones de archivos Excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un «sí» o con un «no», si las empresas participaban en una licitación concreta.

Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o correos electrónicos.

La detección del cártel ha sido posible gracias a la denuncia realizada por la empresa Navec que, al poner en conocimiento de la CNMC la existencia del cártel, a través del Programa de Clemencia, se ha beneficiado de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se ha beneficiado de las reducciones previstas al no colaborar con la CNMC.

Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha reducido la multa impuesta en un 50%.

La CNMC ha remitido esta resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ya que algunas empresas pueden verse afectadas por una prohibición de contratar con el sector público. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.

Fuente: Cinco Días