La CNMC ha recortado las pretensiones de Renfe ante la próxima liberalización del transporte ferroviario de pasajeros. Donde el operador público demandaba un acuerdo de capacidad marco a Adif por un periodo de diez años, el regulador baja el plazo a la mitad, cinco años. El argumento es que a ese lustro inicial solo se le puede añadir la prórroga si la petición se justifica con la necesidad de amortizar inversiones.

La CNMC sí ha permitido, por el contrario, los diez años de acuerdo marco de capacidad a los dos nuevos entrantes, ILSA y Rielsfera (SNCF). En este caso la duda de la CNMC se enmarca en la disponibilidad de trenes a tiempo y de la propia financiación. Aunque Adif ha considerado que todas las ofertas de los operadores son viables técnica y financieramente, la CNMC habla de incertidumbre en ciertos aspectos de los planes de negocio. En concreto, “la disponibilidad de los trenes en las fechas comprometidas, de los sistemas de señalización para circular por el eje Sur (Madrid-Sevilla/Málaga), y la aprobación de las líneas de crédito necesarias para afrontar las inversiones comprometidas”.

La liberalización ferroviaria se iniciará a finales de año en nuestro país y supondrá la entrada de competidores de Renfe que ofrecerán sus servicios a pasajeros. El incremento esperado en la actividad es del 50%.

Donde el operador público demandaba un acuerdo de capacidad marco a Adif por un periodo de diez años, el regulador baja el plazo a la mitad, cinco años

Adif Alta Velocidad había remitido días atrás a la CNMC la adjudicación preliminar de capacidad en la red de alta velocidad a los tres futuros competidores. En los próximos años, Renfe, ILSA y Rielsfera competirán pro los pasajeros en los corredores Madrid/Barcelona, Madrid/Levante y Madrid/Sur.

“La normativa establece que los acuerdos marco tendrán una vigencia máxima de cinco años renovables, salvo que existan contratos comerciales asociados, de inversiones especializadas y del riesgo en que incurren las empresas que justifiquen la ampliación del plazo”, explica la CNMC a través de un comunicado, “en el caso del Acuerdo Marco con Renfe, cuya duración es de 10 años, la CNMC supedita su aprobación a que se limite a cinco años o a que justifique adecuadamente la necesidad de que se prolongue hasta los 10 años”.

En el seno de la CNMC se opina que Renfe “no ha acreditado que necesite incorporar 49 nuevos trenes a su flota actual para los servicios que propone, y que suponen tan solo un ligero incremento de capacidad respecto a los servicios actuales”. En concreto, las características técnicas del nuevo material rodante, el ancho desplazable o los equipos de señalización instalados, permitirán a Renfe prestar el servicio en otros corredores, como el corredor Norte, o en otros países, como Francia, que no forman parte del Acuerdo Marco propuesto, según ha valorado el regulador. “La antigüedad media de la flota actual de Renfe Viajeros, 18 años, limita los riesgos para este operador de suscribir un acuerdo por 5 años, en comparación con otras empresas”, concluye.

En los planes remitidos a Adif por ILSA y Rielsfera, y que ahora ha supervisado la CNMC, “se consideran acreditadas las inversiones y riesgos que afrontan, y la extensión hasta 10 años renovables”. Estos candidatos incorporarán 23 y 14 trenes, respectivamente, destinados íntegramente a los corredores ferroviarios objeto del presente Acuerdo Marco. “Además de la inversión prevista, deberán desarrollar una red comercial y operativa, así como una imagen de marca en el mercado español”, dicta la CNMC.

Blindaje ante el impacto del Covid-19

La CNMC se vale del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para observar que los candidatos “podrían no cumplir sus peticiones de capacidad marco por causas ajenas a su voluntad”.

A este respecto, el artículo 13.3.a) del Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea sobre capacidad marco pretende reducir los riesgos que afrontan los candidatos posibilitando “la modificación del Acuerdo Marco sin que deban abonarse penalizaciones a los gestores de infraestructuras.

Fuente: Cinco Días