La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado el acuerdo de licitación que la Dirección General de Tráfico (DGT) hizo en 2005 a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) para que algo más de 200 centros de este sector impartan los cursos de sensibilización y reeducación vial para conductores que han perdido total o parcialmente los puntos en su carné.

La DGT concedió íntegramente a la CNAE en 2005 el primer contrato de gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación total o parcial de puntos, antes de que el sistema del permiso por puntos entrara en vigor el 1 de julio de 2006.

Ese contrato se amplió y la DGT convocó un nuevo concurso público en noviembre de 2014, que fue recurrido por una de las entidades afectadas, por lo que licitó la gestión de nuevo en marzo de 2015.

Entonces, Tráfico dividió la adjudicación del contrato en cinco lotes que agrupan a diferentes zonas geográficas bajo su dominio (toda España salvo Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias). El primero corresponde a Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia; el segundo Andalucía y Extremadura; el tercero a Canarias, Ceuta, Madrid y Melilla; el cuarto a Asturias, Cantabria y Galicia, y el cinco a Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra.

La DGT resolvió conceder los lotes 2, 3 y 5 a la UTE formada por CNAE, ETC, Formaster e ITT; el lote 1 a la Fundación UNED y la Fundación Invesford, y el 4 a PONS Seguridad Vial, con lo que ponía así fin al monopolio de la Confederación Nacional de Autoescuelas, pero ésta recurrió, así como otras partes implicadas.

La concesión de los cursos de recuperación de puntos en el carné de conducir llegó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la Audiencia Nacional.

La sentencia de la Audiencia Nacional, a la que tuvo acceso Servimedia, se debe a un recurso interpuesto por Audica (Asociación Unión para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas), entidad competidora de la CNAE, y anula una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 2015 y el acuerdo de licitación de los cursos de recuperación de puntos, recogido en una orden del Ministerio del Interior en 2005.

Audica consideraba que la concesión de cursos de recuperación de puntos por parte de la DGT es incompatible con el marco constitucional, contrario al Derecho comunitario, contraviene la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la DGT había optado por una forma restrictiva de gestión de servicio público por favorecer a grandes operadores.

La sentencia indica que «el vicio anticompetitivo» del sistema se originó con una concesión administrativa a la CNAE en 2005, lo que «restringe la competencia», y apunta que ella situación es «directamente contraria» al Derecho comunitario.

Miguel Aldana, socio fundador de Audica, señaló este martes a Servimedia que el sistema es «un traje a la medida de la patronal» desde que surgió, puesto que algo más de 200 de las 9.000 autoescuelas adscritas a la CNAE imparten los cursos y que esos centros estan vinculados a miembros de la Junta Directiva o direcciones provinciales de la Confederación. «Hemos denunciado el procedimiento», añadió.

La CNAE indicó en un comunicado que esta sentencia «no es firme», pues admite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Los centros que imparten el programa de sensibilización y reeducación vial seguirán operando como hasta ahora», añadió.

La UTE integrada por CNAE, ECT, Formaster e ITT ha informado a los ciudadanos que necesiten recuperar puntos o el permiso de conducir de que «los centros continuarán dando con total normalidad el servicio que venían prestando». Esa Unión Temporal de Empresas es la concesionaria de la gestión del programa reeducador del permiso por puntos en toda España, salvo Cataluña y País Vasco.

Por su parte, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) indicó que el modelo de concesión de cursos para recuperar puntos diseñado por la DGT es «perjudicial para los consumidores y para la competencia».

«En España los conductores tienen restringida su capacidad de elección del centro donde quieren realizar el curso, ya que no pueden acudir a cualquier centro de formación de conductores sino tan sólo a la minoría de centros elegidos discrecionalmente por las autoridades de tráfico, que no llegan ni siquiera al 5%. Tampoco pueden elegir el precio, ni el material didáctico ni los horarios», apuntó AEA.

Fuente: Cinco Días