Uno de los grandes debates de las economías avanzadas es hasta dónde deben llegar los impuestos para financiar el gasto público. La disyuntiva está entre si los impuestos deben ser altos o muy altos para que así se reparta más a través del Estado del bienestar, importando relativamente poco la gestión y la evaluación de cómo se gasta el dinero del contribuyente. Todo ello frente a quienes pensamos que los impuestos deben ser limitados, porque somos los individuos quienes mejor gestionamos los recursos normalmente escasos.

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En España, de tener muy pocos impuestos hace unas décadas, hemos pasado a tener impuestos totalmente equiparados con toda Europa. Incluso se podría decir que más altos si la comparación de la presión fiscal se hace no sobre el PIB, sino sobre la riqueza nacional.

Por lo que respecta al IRPF, en 1980 solo había cinco millones de contribuyentes frente a los 25 millones que hay en la actualidad. Nuestra aportación en cuanto a ingresos por IRPF respecto a PIB es del 7,3% en España, frente al 9,3% en los 28 miembros de la UE y el 9,2%, el 8,7% y el 12,0% en Alemania, Francia e Italia, respectivamente.

Algo parecido sucede con el impuesto de sociedades ahora que se ha puesto de moda decir, equivocadamente, que las empresas españolas pagan tipos muy bajos. La realidad es otra si, simplemente, comparamos los datos con la UE.

Es cierto que, en el impuesto de sociedades, la recaudación se ha reducido a la mitad entre 2007 y 2017, pero hay que tener en cuenta que, en los años de gran crecimiento, antes de la crisis, que empieza en 2008, los sectores de la construcción, inmobiliario y financiero se llevan la gran parte del pago del impuesto y ahora, en gran medida, aún están en plena recuperación.

Buena parte de este descenso de recaudación viene dado porque, ante la crisis, las empresas españolas se han volcado en el exterior. Según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), más del 60% de los ingresos de las empresas cotizadas en Bolsa pagan sus impuestos donde los generan; y aquí se reciben dividendos que tienen una repercusión fiscal más baja, al igual que en otros países de la UE, pues ya han pagado en el país donde los han generado. Al mismo tiempo, las empresas españolas han tenido grandes pérdidas durante la crisis y ahora están compensando sus bases imponibles negativas.

España recaudó por el impuesto de sociedades en 2016 un 2,3% respecto al PIB, en línea con Francia, Alemania e Italia con cifras, respectivamente, del 2,6%, 2,7% y 2,1%. La tributación empresarial, en definitiva, está a nivel europeo, incluso algo superior, especialmente en cotizaciones sociales.

Probablemente pueda ingresarse más en impuestos si formalizáramos adecuadamente nuestra economía. Es urgente buscar las ineficiencias del gasto que son numerosas y no tienen adecuado control, evaluación y requerimientos de mejor y más gestión. Con los nuevos instrumentos tecnológicos existentes y el nuevo y viejo talento existente o nuevo.

Los impuestos adecuados crean civilización, pero los impuestos excesivos la deterioran, porque su uso no es eficiente ni riguroso. El gasto público tendría que ser como el riego por aspersión en la agricultura: lo técnicamente justo y necesario. Por el contrario, el gasto público acostumbra a ser una tromba de agua, esto es, de dinero sin control ni gestión. Gastar mejor y más eficientemente es la solución porque los ingresos no pueden ni deben ser infinitos.

Fuente: El País