El Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado los recelos de buena parte del mercado español con su proyecto para gravar las transacciones de acciones españolas con una tasa del 0,2%. El texto salió a consulta pública en octubre y este enero obtuvo el visto bueno del Consejo de Ministros, que remitió el texto corregido al Congreso. Es aquí donde Hacienda ha hecho un pequeño guiño que tratará de salvar parte del rechazo de los grandes inversores.

El apartado 3 del artículo 5 del anteproyecto de ley que salió a consulta pública fijaba que cuando un inversor utilizase un mismo bróker para hacer varias operaciones intradía con un valor concreto no debía abonar el impuesto por cada negociación. Al final del día debía restar las ventas de las compras realizadas y pagar el 0,2% del saldo resultante, siempre que sea positivo.

Este texto establecía otra condición, que estas operaciones intradía se realizasen «en un mismo centro de contratación». El departamento que dirige Maria Jesus Montero ha retirado del documento enviado a las Cortes esta referencia, siguiendo las alegaciones que realizaron algunos brókeres españoles como Auriga.

Esto supone que cuando BlackRock, por ejemplo, compre y venda acciones de Telefónica a través de BME y haga lo propio en Cboe CXE, una de las plataformas de negociación alternativa que operan con valores españoles, podrá calcular la base imponible del impuesto a pagar con el saldo neto de todas las operaciones. Lo podrá hacer cuando compre títulos de la teleco en un mercado y los venda en otro.

La razón para esta modificación hay que buscarla más de diez años atrás. En 2008 entró en vigor la primera versión de Mifid, la primera normativa europea para la regulación de los mercados. Entre otras medidas, retiraba a los mercados oficiales (en España BME) el monopolio sobre la negociación bursátil, lo que provocó el nacimiento de un aluvión de plataformas alternativas de negociación. La segunda versión de la norma –Mifid 2, que entró en vigor en enero de 2018 y no estuvo totalmente traspuesta a la ley española hasta finales de año– iba más allá y obligaba a bancos y brókeres a tomar las «medidas necesarias» para garantizar al inversor que ejecutaban sus órdenes de compra o venta en el mercado más competitivo. El resultado es que en 2018 el 40,87% de las acciones del Ibex que cambiaron demanos se negociaron en estas Bolsas alternativas, según la consultora Fidessa.

La primera redacción de la conocida como tasa Tobin dificultaba estas operaciones entre Bolsas que Mifid fomenta, una controversia que Hacienda quería evitar siguiendo el modelo francés. Fuentes de mercado indican que si bien el efecto impositivo es prácticamente neutro, retirar de la coletilla «en un mismo centro de negociación» reducirá los costes que soportan los grandes fondos, brókeres y bancos. No tendrá efecto para los minoristas, ya que no necesitan salir de BME para encontrar el mejor precio en pequeñas transacciones de títulos.

Ceca critica el impuesto

La patronal de las cajas, Ceca, se suma a las críticas de otros pesos pesados del mercado a la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras. Desde el banco mayorista explican que esta medida “debería llevarse a cabo de forma global o al menos en coordinación con los países que forman parte de la UE”. Afirma asimismo que la aplicación del gravamen solo en el mercado español dañará la competitividad de la Bolsa patria y fomentará la deslocalización de operaciones de renta variable hacia otros mercados.

Fuente: El País