El Gobierno encuentra en los sindicatos el consuelo que no le dan los partidos de la oposición. Durante esta legislatura, el Ejecutivo popular apenas ha logrado reunir los apoyos suficientes para aprobar grandes reformas o leyes, si se exceptúan el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de 2017 y la ley de contratos públicos, que precisamente ha entrado este viernes en vigor. PSOE, Ciudadanos y Podemos han dejado solo al Gobierno en el debate de las pensiones. La oposición defiende una subida mayor a la que aprobó el Ejecutivo, del 0,25%.

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Es con los sindicatos con quien mejor ha logrado entenderse durante los 19 meses que han transcurrido desde que Rajoy estrenó este nuevo mandato. Con ellos, cerró el año pasado un acuerdo contra la temporalidad en el empleo público, por el que se convocarían oposiciones para 250.000 plazas en tres años. También pactó la subida del salario mínimo hasta los 850 euros para 2020. Y con ellos ha suscrito un acuerdo «histórico» en palabras de Montoro. «Hoy es un buen exponente de que la negociación es posible y factible por encima de las ideologías», ha remachado.

El acuerdo permitirá a los trabajadores de los servicios públicos ganar poder adquisitivo por primera vez en nueve años. Recoge una subida fija del 6,1% hasta 2020. Y otro porcentaje variable, ligado a la evolución del PIB y a la reducción de la deuda pública que podría elevar la mejora salarial a cerca del 8%. «Es la primera vez que esto se produce. Es el momento de que la recuperación revierta sus beneficios para quienes permiten ese crecimiento, que son los funcionarios y los trabajadores de las empresas«.

El documento suscrito por el ministro y los sindicatos habilita unos fondos adicionales para que las administraciones públicas puedan aumentar su masa salarial un 0,2% en 2018; un 0,25% en 2019 y un 0,3% en 2020. Hacienda calcula que con estos fondos la subida media podría ascender al 8,79%, aunque es discutible que se puedan acumular estos fondos porque están destinados a la implantación de planes para mejorar la productividad, revisar complementos específicos o de destino para colectivos específicos o aportación a fondos de pensiones.

Que tomen nota

Montoro pidió a la patronal y a los sindicatos que «tomen nota» y que lleguen a un acuerdo de salarios también en el sector privado. El acuerdo celebrado por los sindicatos contiene un eje para aumentar la oferta de empleo público y aumentar la tasa de reposición —las sustituciones por bajas en la plantilla— al 100% para sectores esenciales, como la sanidad y la educación y al 75% para el resto de servicios. Además, los Ayuntamientos saneados podrán subir hasta un 10% los efectivos para sectores que requieran un refuerzo adicional.

Uno de los puntos del documento más celebrados por los sindicatos es la flexibilización de la jornada laboral. Por un lado, se habilita a las comunidades para que negocien la jornada laboral de 35 horas semanales. Hasta ahora, Hacienda lo prohibía. De hecho, recurrió las decisiones de Andalucía y Castilla-La Mancha, que intentaron aplicarla. Por otro lado, permite crear una bolsa de horas de libre disposición acumulables de hasta el 5% de la jornada anual, el equivalente a unas 82 horas. Permitirá a los empleados públicos contar con 11 días libres adicionales para conciliación o cuidados de hijos o mayores dependientes.

“Un primer paso para recuperar lo perdido en años de recortes”

Los sindicatos representativos de la función pública (CSIF, UGT, y CC OO) han mostrado su satisfacción por un acuerdo que pone punto y final a una larga época de recortes por la crisis. Julio Lacuerda, responsable de este sector en UGT, ha indicado: «Ya nos tocaba. Cuando cayó la economía nos aplicaron el primer recorte y durante los años de la crisis hemos perdido el 13,3% de poder adquisitivo». El responsable sindical ha agregado: «Cuando despertó, dijeron que aún no era el momento para recuperar lo que nos pertenecía. Ahora que la economía va bien y crecemos, no nos hemos resignado y firmamos un acuerdo representa solo el inicio de la restitución de nuestros derechos y la reparación del daño que hemos sufrido los empleados públicos».

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha abundado en que el acuerdo salarial «es el mejor acuerdo» al que se podía llegar. «La subida será siempre insuficiente, pero blinda el poder adquisitivo». Borra ha añadido: «Vamos a mejorar las condiciones de vida de muchos empleados públicos».

Pepe Fernández, responsable de CC OO, ha recordado que «por primera vez en 10 años, se vuelve a suscribir un acuerdo general entre sindicatos y Gobierno, continuando la senda que abrió el Acuerdo de mejora del empleo público del pasado mes de marzo». Y ha preseguido: «CC OO sigue reivindicando la devolución de los derechos arrebatados, hasta su reposición total y hoy damos un paso en ese camino». Aunque los líderes sindicales dejaron claro su satisfacción advirtieron de que «solo es un paso más, que no supone un punto final para la deuda salarial, los derechos y el empleo que la crisis económica» se ha llevado por delante.

Fuente: El País