La posibilidad de que esta tarde el Gobierno, los empresarios y los sindicatos alcancen un principio de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) está cerca tras las intensas negociaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales durante los últimos días. El aumento, en principio, no superaría los 1.000 euros a tenor de las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que esta mañana ha señalado en una entrevista en la cadena SER que le monto total no llegaría a esa cantidad. “De una vez, no. La subida tiene que ser progresiva y asumible por el campo empresarial”, ha apuntado.

MÁS INFORMACIÓN

También el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha mostrado optimista. «Estos días he podido hablar con Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez y he recibido de los tres muy buena voluntad. Creo que muy pronto los trabajadores va a tener una buena noticia», ha señalado en la toma de posesión de su equipo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado posesión del cargo ha mantenido encuentros discretos con los máximos representantes de los agentes sociales para tratar de acercar posiciones. El lunes por la noche, por ejemplo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, se vieron con Díaz. Antes, la ministra también se había visto con Pepe Álvarez y Unai Sordo, líderes de UGT y CC OO, respectivamente. Y este martes por la tarde, las tres partes implicadas en la negociación emitieron un comunicado anunciando un encuentro de urgencia para hoy miércoles.

Del encuentro podría salir un principio de acuerdo, apuntan varias fuentes del diálogo social. En él también se puede añadir la derogación o modificación de la regulación que permite el despido de trabajadores que han faltado ocho días por estar de baja médica a lo largo de dos meses. Tanto el PSOE como Unidas Podemos se comprometieron a adoptar esta medida y esta misma semana la ministra de Trabajo declaró que tenían la iniciativa lista y vería la luz de forma «inminente».

Antes del encuentro, el secretario general de CC OO se ha mostrado muy cauto en una visita a Fitur. Ha dejado claro que su objetivo es elevar el SMI «al 60% del salario medio». «No vamos a dejar el objetivo debajo de la mesa. Tenemos ya un acuerdo para 2020 de que en los convenios colectivos se impulse a los 1.000 euros. Por tanto, es perfectamente posible ya hoy. Es necesario subir los salarios más bajos», ha continuado.

Por su parte, Garamendi, en una entrevista con Efe, no se ha mostrado partidario de que se marque una senda para subir el SMI durante la legislatura como han acordado el PSOE y Unidas Podemos: «No vamos a hablar de sendas cuando entiendo que es un acuerdo de los dos partidos y nosotros estamos en el día a día, en el trabajo diario».

Despues de varios años estancado, el SMI comenzó a subir con fuerza en 2017, cuando aumentó un 8%. Un año después creció el 4% y en 2019 llegó el gran salto, pasó de 735,9 euros al mes a 900 euros, un incremento del 22,3% de una sola vez sin parangón en los últimos 40 años. Por tanto, tras las palabras de Calvo se podría situar en una franja intermedia. Se aleja así la posibilidad de una subida muy significativa después de que durante las negociaciones para el pacto de Gobierno se haya especulado con la posibilidad de que llegara a los 1.000 euros ya este ejercicio.

Durante todo 2019, el importante aumento del suelo legal de los salarios ha suscitado polémica acerca de si era perjudicial para el empleo o no. El último en sumarse al debate ha sido el BBVA Research, que ha hablado de que la subida habría restado 45.000 puestos de trabajo al aumento del empleo el año pasado. El Ministerio de Trabajo anterior, el dirigido por Magdalena Valerio, había descartado en un informe remitido a la Airef que hubiera tenido consecuencias negativas para la creación de empleo, pero sí que hubiera podido llevar a la economía sumergida a trabajadores en el sector agrícola o en el hogar. CC OO, en cambio, realizó otro estudio en junio en el que señalaba que no había tenido consecuencias negativas.

Fuente: El País