La reciente decisión del Tribunal Constitucional de avalar que Navarra pueda expropiar viviendas a empresas cuando hayan estado desocupadas dos años está levantando ampollas en el sector inmobiliario. No ha sido la única disposición polémica del Alto Tribunal, que también permitió al Ayuntamiento de Barcelona en marzo pasado retomar la expropiación de pisos para el alquiler social. Algunos aplauden la medida y ven en ella una forma de ampliar el parque de vivienda pública de alquiler, limitar el alza de los precios y evitar que las familias con economías modestas sean expulsadas del mercado. Pero el sector cuestiona su eficacia y recuerda que estamos en un momento delicado, en el que la subida del precio de venta y del alquiler hace temer una nueva burbuja descontrolada.
El stock de casas nuevas sin vender tras el estallido de la crisis se ha ido drenando y se calcula que puede estar en apenas 250.000 unidades
Con este tipo de medidas “se recupera la función social que tiene la vivienda”, dice Irene Sabaté, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. “Es una aberración que haya pisos vacíos y que personas en una situación de emergencia habitacional no puedan tener una red de alojamientos”. Sabaté se muestra optimista: aumentar el parque de vivienda asequible en alquiler puede modular la escalada de precios y evitar burbujas.
Pero ¿es tanta la cartera de pisos que tienen las empresas para resolver el problema? El stock de casas nuevas sin vender (construidas desde 2008 tras el estallido de la crisis) se ha ido drenando y se calcula que puede estar en apenas 250.000 unidades. “El stock se ha reducido considerablemente y, salvo en ubicaciones puntuales, no es el problema que suponía hace dos o tres años”, apunta Jorge Ripoll, director del Servicio de Estudios de Tinsa. En los peores años de la crisis superaba 1,5 millones de casas. Así pues, promotoras y consultoras no creen que en España exista un problema de disponibilidad de viviendas. Y tampoco que la medida vaya a solventar los altos precios y la falta de vivienda. “Para regular el incremento de los precios de los alquileres y evitar el sobrecalentamiento hace falta más oferta, pero hay que ver cuántas son esas viviendas que salen expropiadas y si compensan y dónde están porque quizá no sean alquilables ni estén en los sitios donde son necesarias”, según Ripoll. Es complicado saber cuántas viviendas están en manos de la banca, por ejemplo, ni dónde se ubican. El portal Idealista da algunas pistas: solo el 13% de todo el producto inmobiliario del que disponen las entidades financieras está situado en capitales de provincia, precisamente en esas en las que hay sobrecalentamiento.
La medida no solo afecta a las entidades. También a las promotoras. “Es un atentado al derecho a la propiedad; no es una solución, es una barrabasada intentar solucionar el problema de la vivienda en los tribunales”, señala Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España. No entiende por qué se penaliza a las promotoras y no a los fabricantes de coches o ropa. “¿Si el mercado entra en recesión y no vendemos en dos años, también se nos va a expropiar?”, se pregunta.
Fuente: El País