El coste económico del procés amenaza la estabilidad macroeconómica española. Las cuentas del déficit salen para 2017 (3,1%), pero ya aparecen más dudas para 2018. En primer lugar, porque la inestabilidad de Cataluña tendría un impacto mínimo de unos 5.000 millones, que habría que incorporar en las cuentas públicas del año próximo. El precario ajuste presupuestario, que opera con márgenes muy estrechos en cuanto a previsiones de ingresos y gastos, puede verse descabalado además por el rescate de las autopistas radiales, una operación ruinosa para el Estado.

El riesgo de incumplimiento del déficit el año próximo es pues elevado. Bruselas reclama con insistencia un Presupuesto para 2018, recelosa de los incumplimientos reiterados del déficit en años anteriores. Por otra parte, los analistas europeos parten de la idea de que en lugar del 2,2% comprometido, con la información disponible se llegará al 2,4% del PIB, lo cual obligaría a un ajuste más intenso del previsto. Si, además, el coste del procés se dispara, la situación española puede agravarse hasta límites que nadie podía suponer a principios de este año.

Por fortuna, la Comisión no está hoy en situación de beligerancia hacia los incumplimientos del déficit, ni en el caso de España ni en lo que se refiere a las cuentas de otros países. El trasfondo macroeconómico es de cierta tolerancia —en el caso de España por la irrupción de la crisis catalana—, pero también en general porque los beneficios de los procesos de ajuste por encima de cualquier otra consideración se dan por agotados. La preocupación por el déficit es inercial; se exige cumplimiento, pero el margen de tolerancia es amplio. Siempre y cuando se advierta voluntad de cumplir en los países implicados.

Europa, es decir, Berlín y sus países satélites, deberían aceptar ya que en los próximos años se impondrá una política fiscal expansiva. Los ajustes son una rémora para el crecimiento.

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Fuente: El País