La Comisión Europea ha encargado a Fernando Zunzunegui, experto en derecho bancario, que analice las condiciones de las hipotecas en España, así como las de otros países de la Unión, como Polonia, Rumanía o Croacia. «Europa está preocupada por las condiciones de protección de los consumidores en España tras las reclamaciones que ha recibido de diferentes afectados. Quiere saber si existe realmente una situación de equilibrio entre el cliente y el banco», apunta este experto.
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Zunzunegui realizará un informe con unas recomendaciones finales sobre la situación hipotecaria. No solo se centrará en las cláusulas suelo, también en otras condiciones del contrato hipotecario, como los gastos o las conocidas como multidivisa.
El proyecto de ley del Crédito Inmobiliario, aprobado en noviembre pasado por el Gobierno y que entrará en discusión en el Parlamento, también será incluido en el estudio. Zunzunegui considera que es un error el sistema propuesto en el decreto: el cliente debe ir dos veces al notario y, tras la segunda visita, firmará que entiende los riesgos asumidos por lo que renuncia a litigar, recuerda este abogado.
Contra el consumidor
«Esta condición va contra la protección al consumidor. Los notarios no son expertos en finanzas, por lo que no tienen por qué explicar bien estos contratos. Es mejor contar con asesores hipotecarios independientes, como en otros países europeos, que entienden el contrato y lo explican», dice Zunzunegui.
Los problemas con las hipotecas, explica este especialista, se han agudizado por el fiasco del resultado de la comisión de seguimiento de las cláusulas suelo. Este organismo vigila el cumpliendo del mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno para la devolución las cantidades indebidamente cobradas por la banca. Hasta el 30 de noviembre pasado los clientes habían presentado 1,05 millones de solicitudes de devolución y solo en 395.135 casos hubo acuerdo con el banco. De estos casos, en 350.404, el 37,5%, se devolvió el dinero de las cláusulas en efectivo y en 33.329 se procedió a «medidas compensatorias distintas de la devolución de efectivo», según la comisión. Al menos un total de 357.000 fueron inadmitidas y son susceptibles de llegar a los juzgados.
Fuente: El País