Dúplex de lujo a cinco minutos de paseo del parque más emblemático de Madrid. Incalculable valor histórico. Para reformar. Y deshabitado desde hace unas semanas. Esa es la descripción que podría hacerse del inmueble donde ha vivido durante casi todos sus 77 años de vida Livinio Stuyck, último director de la Real Fábrica de Tapices como patriarca de una familia que ha dominado ese arte en España desde el siglo XVIII.

Livinio Stuyck vivió toda su vida en esa casa pero desde hace dos años era considerado un okupa. En 2017, tras años en un limbo legal y 15 años después de dejar de ser director de la Fábrica de Tapices, arrancó un litigio judicial que todavía dura. Pero Livinio y su mujer han tirado la toalla y han abandonado la vivienda. El conflicto, coinciden ambas partes, puede terminarse pronto con la entrega de las llaves. La Audiencia Nacional sentenció que no podía usar la casa y confirmó las multas de varios cientos de miles de euros que le puso la administración para forzarle a irse.

Aferrados a una tradición centenaria

Los Stuyck ocupan esa vivienda desde hace más de un siglo. El afamado artesano flamenco Jacobo Vandergoten se instaló en España en 1720 por deseo de Felipe V. Desde entonces su familia, que dos generaciones después pasó a tener como apellido principal Stuyck, gestionó la Real Fábrica de Tapices. Cuando en 1889 se cambió su ubicación, en el centro de Madrid, a una zona más periférica próxima al Retiro, ya se firmó un contrato en que se dejaba claro que el edificio era público pero todo su contenido (telares, maquinaria y demás mobiliario) pertenecía a la familia, como era norma hasta entonces.

Livinio Stuyck, en 1996 cuando era director de la Real Fábrica de Tapices, posa ante un telar de confección de alfombrasLivinio Stuyck, en 1996 cuando era director de la Real Fábrica de Tapices, posa ante un telar de confección de alfombras Efe

En 1952, un nuevo contrato firmado por Gabino Stuyck, padre de Livinio, y Patrimonio Nacional anulaba el anterior pero dejaba la situación básicamente igual: el acuerdo recogía la posibilidad, conforme a lo que también era costumbre centenaria, de que el director de la factoría viviera allí con su familia. Todo parecía dispuesto para que los Gabinos y los Livinios (los dos nombres que los primogénitos de cada generación de Stuyck alternan) siguieran en la fábrica mucho tiempo.

Cuando en 1975 falleció su padre, Livinio heredó el cargo y también la casa señorial, que ocupa las plantas primera y segunda de la fachada principal de la Real Fábrica de Tapices, cuya actividad principal hoy es la de museo, en el número 2 de la calle Fuenterrabía en Madrid. Pero fabricar tapices cada vez era menos rentable y en 1996 la empresa acumulaba deudas y llevaba meses sin pagar a sus empleados. Así que Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura, aprobó un rescate público de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) por el que la Real Fábrica de Tapices pasó a titularidad pública. Para ello se creó una fundación —de cuyo patronato forman parte el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital— en la que Livinio siguió al frente hasta 2002, cuando fue cesado.

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Pese a ello, Livinio y su familia seguían viviendo en la fábrica como habían hecho sus antepasados durante tres siglos.

Y así, conforme a la costumbre, siguieron las cosas hasta 2016, cuando el patronato empezó a interesarse por la situación de ese inmueble cuyos inquilinos atravesaban la entrada de un edificio público para entrar o salir. Cuando la Real Fábrica de Tapices cerraba, llamaban al personal de seguridad, que les abría. Todavía puede hacerse ese recorrido que lleva a la vivienda, oculto por una puerta acristalada a la izquierda de la recepción del museo. Tras ella, aparece una señorial escalera de madera con un gran vano cuadrado en el centro. El rincón del rellano de la planta baja se ha aprovechado para instalar los monitores del control de seguridad del edificio. Para encontrar la casa de los Stuyck, hay que subir. Ahora mismo solo hay una doble puerta blanca, y al lado un cartel de una conocida firma de alarmas. Detrás, cuenta el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker, ya no vive nadie.

Las llaves siguen en poder de Stuyck

“Aparentemente no vive nadie”, matizan fuentes del Ministerio de Cultura. Livinio sigue siendo un okupa peculiar, puesto que formalmente no ha desalojado la casa, porque no ha entregado las llaves. En las diferentes ocasiones en que se ha puesto una fecha para que las entregue, cuentan en Cultura, no apareció nadie.

La versión que da la familia es radicalmente distinta. Aseguran que están dispuestos a cumplir con las resoluciones judiciales pese a que están recurridas ante el Tribunal Supremo. El pasado diciembre la Audiencia Nacional dio la razón a la Administración al determinar que los dos requisitos por los que principalmente los Stuyck vivían en la casa ya no se cumplían. Uno era el de dirigir la fábrica. El segundo era que el contrato de 1952 ya no está vigente, puesto que determinaba una duración máxima de 30 años. Expiró por tanto en 1982.

Los muebles, en un trastero

“Les pedimos entregar las llaves el 1 de abril para poder sacar nuestras cosas”, relata al teléfono Diego Stuyck, hijo de Livinio. Patrimonio se lo negó y por eso no las dieron. Ahora que el mobiliario ya ha sido llevado “a un trastero”, han pedido verse para hacer la entrega de llaves y acabar con una situación que describe como dolorosa emocionalmente. “Duele que te llamen okupa cuando tu familia lleva cientos de años en un sitio”, señala Diego, que vive en Rumanía por trabajo.

Livinio y su mujer, cuenta el tercero de sus cuatro hijos, salieron de la vivienda en mayo y están en una casa familiar en Galicia para evadirse de la situación. Pese al acuerdo y la “relación cordial” con la fundación, el portavoz de los Stuyck confirma que mantendrán el recurso en el Tribunal Supremo.

De encontrar otro fallo en contra, los Stuyck no perderían solo la casa. Para evitar recurrir a un desahucio por la fuerza, el Estado impuso una serie de multas coercitivas. Según Cultura llevan ya diez desde septiembre de 2017, a razón de unos 41.000 euros cada una. La primera sentencia confirmatoria llegó recientemente, como adelantó Cinco Días. En los próximos meses se espera que el resto corran la misma suerte, por lo que el litigio seguirá coleando.

Fuente: El País