El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el gran paquete medioambiental con el que España pretende cumplir con los compromisos adquiridos internacionales por la UE y sus Estados miembros para lograr la descarbonización de la economía en 2050: el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. Se trata de tres iniciativas ya conocidas: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la llamada Estrategia para una Transición Justa.

Así como el anteproyecto de ley resultará papel mojado, ya que no se podrá tramitar dada la inmediata disolución de las Cortes, el PNIEC es un documento que el Ejecutivo estaba obligado a enviar antes de fin de este mes a Bruselas para su visto bueno (España es el único país que, a día de hoy, aún no lo había mandado). Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el paquete se puso en marcha nada más acceder al poder el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vista de que su antecesor no había hecho prácticamente “ningún trabajo”. Para ello se ha utilizado el apoyo de entidades científicas, REE y un modelo suministrado por la propia UE con mil variables.

Los objetivos de lucha contra el cambio climático que plantea España para 2030 resultan más ambiciosos que los propuestos por Bruselas, con algún matiz. Así, según el PNIEC, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán al menos en un 20% respecto a 1990 (la UE fija un 40%); la penetración de renovables en el consumo final de energía será del 35% y también, al menos otro 35%, será le mejora de la eficiencia, frente al 32% y el 32,5% que, respectivamente, establece la Unión.

Fuentes del ministerio aclaran que al compromiso de reducción de emisiones del 20% hay que añadir el 17% de incremento que, por un fuerte descontrol, registró España entre 1990 y 2005. Contando este porcentaje el de, al menos el 20%, resulta similar al objetivo comunitario del 40%.

Teniendo en cuenta que el sector energético es el primer emisor de ese tipo de gases, seguido muy de cerca del transporte (entre los dos suman el 50% del ttoal), el plan para la próxima década se centra en la energía. En el caso del transporte, que tendrá una importante penetración a partir de 2022, según el departamento que ddirige Teresa Ribera, su protagonismo se reserva para la siguiente década, pues el proceso de sustitución es más lento, pues la decisión de comprar un vehículo lleva más tiempo. En el anteproyecto de ley, el Gobierno mantiene 2040 como fecha límite para la venta de vehículos que emitan CO2 (“en línea con un buen número de países”, según un alto cargo del ministerio) y 2050 para la prohibición de circular. Este es el año que la UE se ha fijado para la descarbonización de la economía y que el 100% de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables.

La mayor contribución vendrá de la mano del cierre del todo el parque de con carbón, responsable del 59% de las emisiones de la generación eléctrica. Además del cierre en el corto plazo de todas las centrales de carbón nacional por decisión de sus propietarias (debido al incremento de los costes, como el precio del carbón, los derechos de emisión que deben comprar para producir y las inversiones obligatorias para funcionar), las cinco plantas que funcionan con carbón de importación que sobrevivirán  (As Pontes, Litoral,en Almería; las dos asturianas de EDP y Los Barrios, en Cádiz) se habrán clausurado antes de fin de la década. Todo ello supondrá el desmantelamiento de 10.500 MW.

Además del carbón el PNIEC establece el cierre de cuatro centrales nucleares antes de 2030, con lo que la capacidad instalada pasará de 7.399 MW a 3.181 MW. Según el ministerio, el cierre ordenado, acordado con las eléctricas, “será por orden de antigüedad y no antes de 2025”, lo que se traduce en que ese año se habrá echado la llave a los dos grupos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, y quedarían las solo tres, que se cerrarán entre ese año y 2035.

Toda esta capacidad será sustituida por renovables y se desarrollará el almacenamiento, ya sea termosolar, de bombeo . Así, la fotovoltaica experimentará un impulso vertiginoso: al pasar de 8.409 MW instaladas a 36.882 y la eólica de casi 28.000 el próximo año a 50.258. En términos de producción, esta energía será la estrella. En cuanto a las centrales de ciclo combinado de gas, se mantendrá inamovible la actual potencia instalada en algo más de 27.000 MW. Dada la irrupción de las energías verdes, el sistema requerirá de una producción de respaldo y, sobre todo, “flexible”, que permita aprovechar la renovable que, de lo contrario, se desperdiciaría.

Pese a los cierres de las térmicas, la potencia del sistema eléctrico español pasará de 113.151 GW a 156.965 MW. La producción también se disparará por la electrificación de la economía que persigue la iniciativa, tanto de la industria, los hogares y los vehículos. En 2030 se alcanzarán los cinco millones de coches eléctricos, según el ministerio.

El PNIEC encierra efectos beneficiosos para la economía. Además de un recorte del precio de la energía de la factura de la luz (sin contar cargos o impuestos) del 12%, el proceso requerirá unas inversiones de 200.000 millones de euros (un 20% dinero público), de los cuales, un 40% se destinarán a renovables; un 15% a redes eléctricas y un 40%, a eficiencia energética y aportará un 1,8% al PIB. Además de la generación de 300.000 nuevos empleos, el PNIEC permitrá reducir la importación de combustibles fósiles del 74% al 59% y mejorará la balanza de pagos en 13.000 millones de euros.

En cuanto a los efectos sobre a salud, se calcula que la reducción de la contaminación atmosférica permitirá una reducción de las muertes prematuras en 2.200.

Fuente: Cinco Días