Uber y Cabify toman oxígeno. El Congreso ha dado un respiro a las empresas de vehículos con conductor (VTC) tras convalidar el real decreto ley que traspasa las competencias normativas en materia de VTC a las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero votar a favor de que se tramite como proyecto de ley. Algo que dará más tiempo a este sector para que se escuchen sus propuestas, al abrir la puerta a posibles enmiendas que puedan plantear los partidos políticos del arco parlamentario. 

De nada sirvió que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendiera en el Congreso la «urgencia y extraordinaria necesidad» de solventar una situación de conflicto en la movilidad urbana, y pidiera a los grupos políticos que no dejaran «pudrir el tema». La convalidación de la norma obtuvo 179 votos favorables (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias); 166 votos en contra (PP, Cs y Foro Asturias) y dos abstenciones, pero la mayoría de la Cámara Baja ha respaldado que este real decreto de VTC sea tramitado como un proyecto de ley para permitir posibles modificaciones.

Después de conocer la decisión, la patronal Unuato ha celebrado la decisión de que se tramite como proyecto de ley. «Nos ha gustado por esta vía porque significa que los grupos parlamentarios han valorado los 15.000 empleos directos que genera el sector y además abre la posibilidad de que podamos hablar con el Gobierno, ya que hasta ahora no hemos podido», asegura un portavoz de la asociación.

Unauto también aseguró ayer a CincoDías que si el real decreto conseguía los votos necesarios para su convalidación, como así ha sido, presentarían acciones judiciales para revocarlo. «No vamos a escatimar ni un euro en asesoramiento jurídico. Según nuestros letrados, el real decreto va contra los artículos 20, 86 y 150 de la Constitución, va en contra de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la Ley de la Economía Sostenible, la ley de procedimiento administrativo y de la tutela judicial», indicó el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín. Desde el sector de las VTC también barajan reclamar al Gobierno una compensación de 3.800 millones de euros o una moratoria para sus licencias de entre 24 y 30 años, el tiempo que han calculado como necesario para amortizar y rentabilizar sus autorizaciones «logradas de manera legal y por tiempo indefinido». Unauto asegura que el real decreto pone en peligro 15.000 empleos.

La decisión última del Congreso ha sido interpretada como una victoria a medias para las empresas VTC, que dispondrán de mayor tiempo para dialogar y continuar ofreciendo sus servicios como hasta ahora. Mientras, para el Gobierno es un varapalo, pues se expone ahora a la modificación de toda la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), un tema al que no quiso enfrentarse el PP durante los últimos seis años de su gobierno. Tampoco los taxistas están del todo conformes con el resultado de la votación, pues ven como el nuevo escenario «prolongará el problema y la incertidumbre» para su sector del que viven, dicen, 100.000 familias. 

Mientras en el Congreso se votaba la convalidación del real decreto, unos 1.000 taxistas se concentraban a las puertas del Hemiciclo. Daniel Carrasco, portavoz de la asociación Plataforma Caracol, aseguró que si el real decreto se aprobaba, las asociaciones del taxi comenzarán a reunirse con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para buscar el cumplimiento de la proporción una licencia VTC por cada 30 taxis. 

En la misma línea, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha pedido responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos «para que trabajen en legislar cuanto antes en los apartados en los que se habilita esta norma. Es necesario que garanticen el equilibrio entre los dos sectores [taxi y VTC] que, a pesar de desarrollar su actividad en el mismo ámbito, hasta ahora atendían a legislaciones diferentes». En su opinión, la aplicación de la doble autorización recogida en el nuevo real decreto ley acabaría con la situación de asimetría normativa existente hasta el momento. 

Sanz añade, sin embargo, que Antaxi, al igual que Fedetaxi recurrirán el plazo de cuatro años que establece el texto como medida indemnizatoria, «puesto que es un período de tiempo excesivo e innecesario». «Desde Antaxi vamos a seguir defendiendo los intereses del colectivo del taxi y por ello llevaremos a los tribunales los puntos del real decreto ley que consideramos negativos para el sector», subraya Sanz.

Más allá del conflicto taxi-VTC, la tramitación como proyecto de ley de la nueva normativa de las VTC supondrá también que las comunidades autónomas podrán ampliar sus competencias normativas. Tanto fuentes del sector del taxi como de las VTC aseguraban ayer a este diario que abrir la LOTT a posibles modificaciones a través de enmiendas, será “abrir la caja de Pandora”.

Fuente: Cinco Días