La recomendación de la CNMV, e incluso del Banco de España, para que las entidades financieras españolas incluyan en sus folletos el riesgo de una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la utilización del índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH), parece que no ha caído en saco roto, aunque, de momento, es solo una reflexión de los supervisores. BBVA ha incluir las cifra de dicho riesgo en su folleto continuado remitido ayer a la CMNV. El banco que preside Carlos Torres Vila calcula que el importe de los préstamos hipotecarios a personas físicas referenciados al IRPH y al corriente de pago es aproximadamente de 3.100 millones de euros.

La entidad financiera explica que la banca española está pendiente de resolución una cuestión prejudicial en la que se cuestiona ante el TJUE la decisión adoptada por el Tribunal Supremo. Ante ello argumenta: “BBVA considera que la sentencia del Alto Tribunal español es clara y bien fundamentada. El impacto de una eventual resolución desfavorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es difícil de estimar a priori, pero podría llegar a ser material. El impacto de dicha resolución puede variar dependiendo de cuestiones tales como (i) cuál sea la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a qué tipo de interés debe aplicar a la financiación; y (ii) si los efectos de la sentencia deben aplicarse retroactivamente”.

Añade que las acciones y procedimientos legales y regulatorios a los que se enfrentan otras entidades en relación con estos u otros asuntos, especialmente si tales acciones o procedimientos resultan en resoluciones favorables para el consumidor, “también podrían afectar negativamente a BBVA”.

El banco, además, explica que forma parte de procedimientos e investigaciones antimonopolio en determinados países que, entre otras cosas, podrían dar lugar a sanciones o conducir a la presentación de demandas por parte de clientes u otras personas. Como ejemplo cita que, en abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) mexicana dio a conocer el inicio de una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en relación con las actividades de algunos participantes en la intermediación de valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también inició una investigación independiente en relación con este asunto y en noviembre de 2018 emitió dos oficios sancionadores en contra del banco, en cada caso, “imponiendo multas por cantidades que no son significativas”. Pese a ello, el banco ha impugnado dichos oficios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de juicios de nulidad que se encuentran en curso.

Además, en marzo de 2018, BBVA Bancomer y otras filiales fueron demandadas en una acción que pretende ser colectiva, presentada en los EEUU, en relación con sus actividades como formadores de mercado e intermediarios de valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal. “Los demandantes pretenden obtener una compensación económica no determinada. Es difícil predecir el resultado de las acciones y procedimientos legales y regulatorios”, añade.

Sobre el caso de las presuntas escuchas ilegales a latos cargos por parte del excomisario Villarejo por encargo del expresidente, Francisco González, el banco solo dice que la justicia investiga el asunto.

Fuente: Cinco Días