Cuando el Gobierno de Venezuela se siente el lunes con sus acreedores para negociar una reestructuración o posible quita en la deuda del país el escenario será todo menos halagüeño. Para empezar, el portavoz designado por el Ejecutivo de Maduro –el vicepresidente, Tareck El Aissami– está acusado de narcotráfico por Estados Unidos, que en agosto prohibió a los bancos cualquier transacción con el país caribeño. Los problemas económicos le alejan de que su bien más preciado (el petróleo) le garantice la supervivencia. Mientras, Estados e inversores extranjeros afilan las garras para, en caso de default, acabar haciéndose con un suculento botín en forma de oro negro y refinerías.

Casi al mismo tiempo que se celebre la cita en Caracas, en Nueva York el comité de la ISDA se reunirá para dilucidar si el país ha entrado ya en quiebra. Un grupo de bonistas ha solicitado a este ente que determine si el Estado abonó un vencimiento de deuda de PDVSA (la petrolera estatal) de la semana pasada por 1.700 millones. También está en liza una emisión más pequeña de la eléctrica nacional que, según algunos fondos, no se ha pagado. El lunes la UE acordará un embargo de armas que será el primer paso para desembocar en el futuro en un conjunto de medidas más contundentes.

Todo lo desencadenó el bloqueo financiero total que decretó Estados Unidos este verano. La medida impide a cualquier banco estadounidense, o que opere en el país, adquirir bonos venezolanos o aceptar cualquier tipo de intercambio con nuevos títulos . Esto hace casi imposible cualquier reestructuración. Sin embargo, la idea de un colapso de Venezuela lleva tiempo rondando al mercado. Al menos, desde que el fin de la era del crudo a precios estratosféricos dio al traste buena parte de la política económica chavista.

Maduro anunció el 2 de noviembre esta restructuración del pasivo, algo que ha puesto en un brete a los bonos del país. La rentabilidad del único soberano que cotiza en los mercados internacionales –258 millones con vencimiento en 2018, que no tiene apenas liquidez– se ha disparado después de las palabras del presidente hasta superar el 200%. En cuanto al precio, registra pérdidas del 60% al cotizar en torno al 30% del nominal (se colocó al 97%). Una situación que prácticamente descuenta que Venezuela, con unos 60.000 millones de dólares de deuda, declare suspensión de pagos.

Es precisamente este posible impago de la deuda la principal amenaza del Gobierno venezolano. Pero también su mayor arma a esgrimir en la reunión del lunes por la tarde. Entre los acreedores de Venezuela se encuentran, según Reuters, las mayores gestoras de fondos y hedge funds del mundo como BlackRock, Fidelity o JP Morgan. Goldman Sachs, por su parte, realizó este verano una controvertida transacción: adquirió 2.800 millones en bonos de PDVSA a un precio ínfimo.

Uno de los escenarios en los que puede derivar esta situación es que el Gobierno amague con un default. Y que ponga nerviosos a esos pesos pesados de las finanzas mundiales para que llamen a la puerta de la Casa Blanca y reclamen al presidente Trump una política más laxa con Venezuela que permita una reestructuración.

En todo caso, parece bastante improbable que estos acreedores accedan a una refinanciación sin que se produzcan cambios de calado en un Gobierno socialista que no ven con buenos ojos. Cualquier acuerdo debe tener luz verde de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición.

Otra opción es que Venezuela replique una operación ya conocida. Negociar con Rusia y China el canje de barriles de petróleo por deuda. Esto no parece tan fácil. Carlos Malamud, analista del Instituto Elcano, pone el acento en que la merma en la capacidad de bombeo de crudo de Venezuela hace dificil que el país produzca lo suficiente para realizar envíos contundentes a Asia. Y que ninguna empresa realizará inversiones en la zona, ni el país tiene capacidad para endeudarse más para invertir en sus yacimientos.

El periplo de Maduro por Rusia del mes pasado no dio los frutos previstos y Putin solo accedió a reestructurar 3.000 millones. En China, por su parte, cada vez ven con peores ojos los acuerdos con Venezuela al tiempo que comprueban cómo el riesgo de ese país se dispara.

Sin embargo, estos dos gigantes mundiales tienen mucho que decir en la cumbre de hoy. Según explica el economista Jose Carlos Díez, en sus manos está el 80% de la deuda venezolana. Y los mercados internacionales, aunque aprietan, no ahogan.

En cualquier caso, un posible impago de Venezuela abre un terreno ignoto sobre cómo los acreedores pueden solicitar sus derechos. El país no ha rubricado los acuerdos del Club de París, que establece un protocolo a seguir en estos casos y que se aplicó, por ejemplo, en Argentina. Díez explica que la subrogación a este pacto es la primera decisión a tomar por el Gobierno. Y que, en caso contrario, deriva a un complejo proceso que dirimirán los tribunales en cada uno de los países acreedores.

Algunos ya se frotan las manos con que, en caso de impago, se hagan con los activos más atractivos del país. La dificultades de Venezuela por acceder a los mercados internacionales le ha llevado a realizar sus últimas emisiones a través de PDVSA. Y garantizar como colateral el propio petróleo que extrae o un paquete de activos en Estados Unidos. Entre ellos, varias refinerías y Citgo, una de las comercializadoras líderes en EE UU. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió en su viaje a EE UU que la Administración Trump iniciase el embargo de los bienes venezolanos antes incluso de que se resuelvan las negociaciones.

Repsol, la empresa española más expuesta a la crisis en el país caribeño

Venezuela fue en otro tiempo uno de los mercados principales de las multinacionales españolas. La incertidumbre en el país ha reducido año a año su presencia. Malamud explica que en casos como Telefónica, BBVA o Mapfre han amortizado el riesgo y que les resultaría más costoso abandonar el país. Un caso distinto es el de Repsol, Daniel Lacalle, de Tressis, comenta que la petrolera puede contagiarse de una quiebra de PDVSA. Fundamentalmente, debido a los proyectos e inversiones en común que quedarían ahora en el aire. Malamud apunta a que Repsol podría salvar un impago. Pero que si este derivase en un embargo el grupo sí sufriría.

Fuente: El País