En España el derecho universal a tener acceso al sistema financiero está legislado desde finales de noviembre. La norma surge de Europa, mediante una directiva de julio de 2014 y que debió haber sido traspuesta a finales de 2016, y su objetivo es evitar que ciudadanos de escasos recursos o escasa rentabilidad para las entidades sean discriminados y queden fuera del sistema financiero.
El Ministerio de Economía aprobó el real-decreto ley hace más de tres meses y lo elaboró de tal manera que todas, absolutamente todas las entidades financieras, tienen la obligación de ofrecer una cuenta de pago básica. La directiva daba potestad para exigir que esa cuenta fuera gratuita o que se pudieran cobrar comisiones. La cartera dirigida entonces por Luis de Guindos optó por esta segunda opción, si bien se comprometió a fijar unos precios máximos para esas cuentas.
La cuestión todavía no está ni mucho menos decidida, y el cambio de ministro no ayudará a resolverla con rapidez, aunque las fuentes financieras consultadas señalan que ya se han establecido conversaciones y que incluso se ha hablado de precios máximos para esas cuentas. La cifra que se ha puesto encima del tapete es la media de las comisiones bancarias que soporta una cuenta corriente clásica en los todavía 28 países que forman parte de la Unión Europea. Son unos 80 euros al año. Fuentes del sector matizan que aún no hay una propuesta coordinada.
La cantidad puede sonar una locura, especialmente cuando este tipo de cuenta está pensado para personas que tienen vetado el acceso al sistema financiero. Pero ese precio incluiría varios servicios, domiciliaciones como la tarjeta de débito, los ingresos en efectivo realizados en oficina –que algunas entidades ya cobran– y también un número de transferencias. Varias entidades explican que ya tienen diseñado el producto y que lo han hecho teniendo en cuenta la mencionada referencia de 80 euros al año.
El modelo de cero comisiones
- Reino Unido, que traspuso antes la directiva, exige a los nueve grandes del país que ofrezcan cuentas básicas sin ningún tipo de comisión, que permiten domiciliar la nómina, recibos, tener tarjeta de débito, pagar con cheques y sacar dinero en oficina o en cajero.
- Las entidades que deben obligatoriamente ofrecer estas cuentas allí son Barclays, Clydesdale and Yorkshire Bank, Co-operative Bank, HSBC, Lloyds Banking Group (Incluyendo Halifax and Bank of Scotland brands), Nationwide, Royal Bank of Scotland (incluyendo NatWest y Ulster Bank), Santander UK y TSB, propiedad de Sabadell. Cualquier otra entidad podrá, si así lo desea, ofrecer este servicio.
- Otros países, como Alemania, también han optado por un modelo con comisiones tasadas.
Las tarifas de las cuentas corrientes sin vinculación son más elevadas que ese importe, señalan fuentes financieras. El último estudia sobre el tema publicado por Facua en 2015 revela que la comisión media de mantenimiento de cuentas sin nómina ronda los 45 euros al año, a los que habría que sumar casi 0,36 euros por apunte, 20 euros por la tarjeta de débito y un 0,3% por transferencia con un mínimo de 3,3 euros por cada una.
La comisión de la cuenta básica sería una suerte de tarifa plana que “cubra el uso medio personal de cada servicio”, como explica la actual ley en vigor. “Por encima de este número mínimo, las comisiones o gastos máximos que se establezcan, no serán superiores a las comisiones medias aplicadas por cada entidad”, añade.
Reino Unido obliga a ofrecer servicios totalmente gratuitos a nueve grandes bancos
La norma aclara que “las comisiones máximas que se establezcan deberán ser razonables” y estarán basadas por varios criterios, como el de la renta nacional en relación con otros países. Este punto puede ser determinante para rebajar esos 80 euros que ahora están en negociación, si bien las fuentes consultadas señalan que la media ya incorpora los precios de países de la Unión con menor renta per cápita, como Polonia, Croacia, Rumanía y Bulgaria, con unos PIB per cápita entre los 7.000 y los 12.000 euros. España se sitúa en unos 25.000, ligeramente por debajo de la media de la UE, que ronda los 30.000 euros.
Todas las entidades deberán ofrecer cuentas básicas, incluidas las que se dirigen a altos patrimonios y las que operan solo online, lo que previsiblemente presionará a la baja las comisiones del sector, según fuentes del Ministerio de Economía. Los clientes recibirán cada año un estado de las comisiones que han abonado.
El recién estrenado ministro Román Escolano cuenta con un arma adicional para modular los costes de las cuentas básicas. “Reglamentariamente se podrán establecer distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia de comisiones en función de la especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes”, agrega el real-decreto.
Fuentes financieras señalan que el objetivo era tener operativas las cuentas en el primer trimestre, pero que será imposible a la vista de que la orden ministerial para fijar las comisiones ni siquiera ha sido sometido a audiencia pública.
Las entidades, además, deberán cerrar las cuentas en un máximo de 24 horas si así lo solicita el cliente. La excepción del cumplimiento de ese cierre instantáneo es que el usuario tenga contratado otro producto que necesite una cuenta.
Los clientes podrán realizar una portabilidad su cuenta de una entidad a otra con un plazo máximo de 13 días. El proceso será similar al que se utiliza actualmente con el cambio de operador de telefonía manteniendo el número, si bien este realiza ahora en un plazo de 24 horas.
Fuente: El País