La industria española del automóvil se ha topado con un iceberg de grandes dimensiones que avanza a una velocidad inesperada. El anuncio de que el Gobierno prohibirá en 2040 la matriculación de todos los vehículos de combustión (gasolina, diésel, gas e híbridos) y de que hará lo mismo con su circulación en 2050 ha caído como un mazazo sobre un sector que no esperaba una ofensiva tan severa ni en plazos ni en formas. Desde Anfac, la patronal de los fabricantes, se rechaza “de plano” el plan del Gobierno, que forma parte de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se quejan de que la propuesta se ha diseñado sin contar con su cooperación y de que no se han incluido incentivos que faciliten la transición. Cumplir la ley que prepara el Gobierno, advierten, exigiría llevar a cabo una reconversión total y acelerada del sector del automóvil.
El iceberg que afronta la industria española no es nuevo, como tampoco es exclusivo. Todo el mercado europeo avanza en esa dirección, sometido a una normativa medioambiental exigente cuyo objetivo es transformar la economía bajo estándares ecológicos y sostenibles. Sin embargo, una cosa es el fin y otra el proceso y el calendario, que deberían ajustarse a las características, exigencias y limitaciones de cada mercado, y que en el caso de España parecen haber sido diseñados de espaldas a la realidad de la industria. El sector español del motor es el segundo fabricante de Europa, con una producción que a día de hoy está integrada en un 99% por modelos de combustión. La cara b de esa moneda es el escaso número de vehículos eléctricos fabricados, la ausencia de infraestructuras suficientes para recargarlos y una demanda testimonial, en parte por las limitaciones y dudas que genera todavía esta tecnología. Pretender abordar un proyecto de esta trascendencia con esos plazos, sin incentivos, sin el apoyo de todas las industrias afectadas y en minoría parlamentaria no parece un plan ni serio ni prudente ni responsable.
Fuente: Cinco Días